El Tribunal Supremo del Reino Unido ha fallado contra el Gobierno y ha impuesto por una clara mayoría de sus once jueces -ocho a tres- que Theresa May no puede activar unilateralmente sin contar con el Parlamento el artículo 50 del Tratado de la Unión que regula su abandono por un Estado-Miembro. Esta decisión final de la justicia británica tiene una gran trascendencia y demuestra que un sistema institucional y un orden jurídico bien diseñados son la mejor protección contra la arbitrariedad y la tiranía, sea ésta de unos pocos o de la mayoría.
De acuerdo con la Constitución no escrita del Reino Unido, un referendo no es vinculante y tiene un carácter meramente consultivo. Sirve para saber lo que opinan los ciudadanos de un determinado asunto en un momento concreto y sin duda es un elemento valioso para guiar la acción del 10 de Downing Street, pero la soberanía del pueblo británico reside en The Queen in Parliament, y por mucho que el 52% de los súbditos de su Graciosa Majestad que participaron en la consulta hayan votado lo que han votado tras una campaña en la que los propios impulsores del Brexit han reconocido que faltaron a la verdad y dieron cifras falsas sobre las consecuencias de la salida de la Unión Europa, no pueden sustituir al verdadero depositario del poder político, la Cámara de los Comunes, cuyos Diputados son elegidos en pequeñas circunscripciones mediante un sistema mayoritario a una vuelta en la que the winner takes all, el que obtiene más papeletas se lo lleva todo y es el representante exclusivo de esa demarcación.
Además, otro aspecto de la sentencia presenta un gran interés en términos conceptuales. Los magistrados han resaltado que si bien el Gobierno puede establecer, modificar o anular Tratados Internacionales, dado que el Tratado de la Unión Europea, del que el Reino Unido es signatario, reconoce derechos a los británicos, solamente el Parlamento es la instancia legitimada constitucionalmente para decidir sobre él. Y es que los derechos y libertades que la pertenencia al marco comunitario les aseguran a ingleses, escoceses, galeses e irlandeses del Norte no son cualquier cosa. Nada menos que la libertad irrestricta de moverse, residir, trabajar, transferir capitales, ofrecer o utilizar servicios y comprar o vender mercancías en todo el territorio de la Unión. Estos derechos y estas libertades no pueden quedar al capricho de un Gobierno, sino que han de ser reconocidos, limitados o suprimidos, siempre dentro de la Constitución, por los representantes del pueblo que se sientan en el Parlamento.
A partir de aquí, las cosas se le complican a la Primera Ministra, porque a diferencia de la pregunta del referendo, que reducía una cuestión de tremenda complejidad jurídica, política, comercial y social, a una breve pregunta, con los peligros que una operación semejante conlleva, ahora ha de someter una ley al Parlamento en la que debe especificar la forma en que se producirá la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las condiciones en las que se hará, cuáles serán las previsibles consecuencias económicas para las empresas y las personas residentes en las Islas Británicas, y todo eso no es factible condensarlo en una norma exprés tramitada a uña de caballo en los próximos dos meses.
La promotora del recurso ante los Tribunales solicitando la intervención del Parlamento, la mujer de negocios Gina Miller, le ha exigido a May que, después del fallo inapelable del Supremo, elabore un Libro Blanco explicando en detalle el tipo de Brexit que se propone llevar adelante y analizando en profundidad los efectos que la salida de la Unión Europea tendrá sobre la vida de los británicos, sus oportunidades de prosperar y su futuro. Un documento de esta naturaleza no se improvisa en unas pocas semanas y ha de ir acompañado de un debate público transparente que garantice que la sociedad esté perfectamente informada de lo que está en juego para así poder transmitir a su Diputado o Diputada sus opiniones al respecto. Aunque el Parlamento ya se pronunció en Diciembre pasado a favor de respetar el resultado del referendo, no se comprometió a prestar su apoyo a cualquier Brexit y eso es exactamente lo que Theresa May se verá obligada a exponer y argumentar en Westminster. Por consiguiente, el calendario inicialmente previsto se le pone cuesta arriba y es muy posible que el proceso se alargue.
Ojalá los representantes elegidos, genuinos valedores de la soberanía nacional, acierten y corrijan la precipitada, imprudente y arriesgada maniobra que salió de unas urnas abiertas en un clima emocional y reduccionista poco apto para decisiones racionales.
