La Historia abunda en golpes contra el orden constituido y desde que existe el Estado de Derecho los alzados en rebelión contra la legalidad vigente lo han hecho habitualmente recurriendo a la violencia conscientes de que su acción subversiva no tenía el respaldo de los tribunales. Por supuesto, los golpistas han recurrido sistemáticamente a valores supuestamente superiores al imperio de la ley para justificar su ignorancia de este principio básico de las democracias constitucionales. Así, han apelado a la libertad, a la voluntad del pueblo soberano, a la lucha contra la opresión, a la justicia, a los derechos fundamentales u otros pretextos grandiosos con el fin de vestir de nobleza y de razón a su agresión a las normas en vigor, ignorando que ley y democracia son sinónimos y que sin respeto a la primera, al segunda se desvanece.
En todos estos conflictos se ha planteado una ecuación con dos variables: la ley y la fuerza. Aquella parte que disponía de ambas partía sin duda con ventaja frente a la que no disponía más que de una o ninguna. Así, por ejemplo, en la toma del poder por el general Pinochet frente al presidente Allende, la legalidad estaba con Allende, por muy comunista que fuera y por aviesos que fueran sus planes para Chile, mientras que el militar rebelde contaba con la fuerza del ejército, que al final triunfó sobre el orden legal liquidando físicamente a sus oponentes.
En el caso de la ofensiva independentista catalana, el Gobierno de España posee la ley porque la Constitución es inequívoca en lo que respecta a la soberanía nacional y a la unidad del país, y también la fuerza porque acumula un conjunto de instrumentos de coacción, tanto humanos como financieros, que adecuadamente utilizados pondrían a Mas, Forcadell, Junqueras, Baños y compañía contra las cuerdas en cuarenta y ocho horas. En cambio, el bando -o mejor dicho la banda- secesionista no puede exhibir apoyo jurídico alguno a sus delirantes pretensiones ni tampoco fuerza digna de mención ya que la Generalitat está quebrada y vive de las transferencias del Estado, sin olvidar que no resulta creíble que recurran a la violencia armada en forma de guerrillas en las escarpaduras de Montserrat o del Montseny.
Por consiguiente, si un equipo en liza actúa pertrechado con la ley y la fuerza y el rival carece de las dos, el resultado del partido parece cantado. En otras palabras, Mariano Rajoy tendría que ser un auténtico cobarde y un inútil sin remisión si gozando de ventajas tan evidentes perdiese el encuentro. La estrategia a seguir está clara, a corto plazo cortar la financiación a la Autonomía catalana, empapelar a todos los cargos públicos y funcionarios que desobedezcan a los jueces encarcelándolos si se tercia y aplicar el artículo 155 de nuestra Carta Magna en la medida requerida. A medio y largo, un pacto de hierro entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, porque Podemos no vale para nada serio, para reformar la Constitución acabando con el caos territorial actual y privando a los nacionalistas de las herramientas que hoy disfrutan de carácter mediático, presupuestario, educativo y simbólico para atacar impunemente la indivisibilidad del sujeto constituyente y para lavar el cerebro de los catalanes.
Este es el plan y que nadie se engañe, si los separatistas no ceden, el recurso definitivo a la fuerza es inevitable. Preparémonos, pues, anímica y materialmente, a afrontar este trance, que no será agradable, pero que no admite vacilaciones. Si España existe como proyecto colectivo y espacio compartido de derechos y libertades, la firmeza del Gobierno y de los partidos nacionales es obligada, si no existe lo sabremos pronto.
