Cuando en una casa se produce una avería eléctrica, de fontanería o de carpintería, se recurre al técnico en la materia para que acuda a formular un diagnóstico y proponga una solución. Si una puerta no cierra, la nevera no enfría, el agua caliente sale helada o la lavadora se atasca, el correspondiente experto examina la situación y procede a emitir una opinión acompañada del oportuno presupuesto. Hay ocasiones en que basta con sustituir una o varias piezas, limpiar un desagüe, lijar una superficie o engrasar unas bisagras y la cosa sale adelante por un precio asumible con la garantía de que no volverá a surgir la dificultad durante una larga temporada. Sin embargo, existen días en los que el encargado de la reparación, tras mirar y remirar y darle vueltas a las posibles vías de arreglo, pronuncia una sentencia fatal: el electrodoméstico, el mueble o la instalación afectada no admite otro tratamiento que su sustitución completa por otro nuevo de tecnología más actual porque el antiguo se puede dar por fenecido. Cunde el pánico en la familia ante la magnitud de la suma a desembolsar y el manitas de turno es requerido a buscar una curación menos onerosa y radical, lo que se denomina coloquialmente “un parche”. Oiga, ¿y no se podría poner un parche para ir tirando unos cuantos meses o a lo mejor unos pocos años antes de rascarnos el bolsillo de forma tan dolorosa? El especialista ladea su sabia cabeza y dice: “Bueno, ustedes sabrán, pero al final les saldrá más caro seguir recurriendo a apaños que comprar algo que les asegure las prestaciones adecuadas y la calidad exigida y que les libere de gastos por un tiempo tan largo que su inversión compensará con creces la sangría recurrente a la que se condenarán si se resisten a la renovación completa”.
La Conferencia de Presidentes Autonómicos se acaba de reunir para pactar diez líneas de actuación que mejoren el funcionamiento del Estado y las condiciones de vida de sus ciudadanos. La financiación autonómica, la unidad de mercado, la educación, la sanidad, y así sucesivamente. Si se analiza cada uno de los puntos tratados, se observa una interesante paradoja. Los máximos responsables de la Administración central y de las Comunidades acuerdan acciones legislativas y ejecutivas para corregir ineficiencias o defectos derivados de la propia estructura territorial que manejan. En otras palabras, hace cuatro décadas se reformó la arquitectura institucional del país de tal forma que han ido surgiendo dificultades, disfunciones y despilfarros consecuencia de esa reforma. Por citar un ejemplo que se ha repetido hasta la saciedad, pero que es lo suficientemente elocuente como para plasmar en una sola cifra la naturaleza de la cuestión que nos mortifica: En 1975 España funcionaba razonablemente con 700000 empleados públicos y hoy tenemos 3 millones. El personal a cargo del erario se ha incrementado en un 300% mientras la población ha crecido aproximadamente un 25%. Obviamente, por una simple cuestión de economía de escala, alguna cosa se está haciendo mal (por citar otro dato curioso, en aquel año decisivo para nuestra historia contemporánea el paro era del 2% de la población activa). Y la cosa que no se está haciendo bien, todos sabemos cuál es. Hemos construido un Estado para los políticos y no para los ciudadanos. Sobra gasto “político” en tal volumen que distorsiona gravemente las cuentas del Estado sumiéndolas en un desequilibrio crónico e indomable.
Si un español que se pone enfermo en una Comunidad distinta a la suya de residencia encuentra obstáculos para ser atendido o si tiene derecho a prestaciones médicas diferentes según donde viva, eso no se solventa creando una tarjeta sanitaria única porque inmediatamente habrá gobiernos autonómicos que pedirán compensaciones a otros y la madeja se volverá a enredar. Si la calidad de la enseñanza no es uniforme en toda la geografía nacional o la lengua vehicular en las aulas se convierte en una barrera a la movilidad, no hay ley de unidad de mercado que valga, ni en este tema ni en muchos otros porque contra diecisiete centros de producción normativa trabajando a destajo no se ha inventado el BOE que los frene. En cuanto al presupuesto sanitario, cualquier alumno de primero de Escuela de Negocios conoce de sobras que una empresa que fragmenta sus canales de suministro de un mismo bien o servicio dispara sus costes, o sea que no pagas lo mismo si compras un millón de sábanas a un único proveedor que si adquieres una fracción de ese millón a cada uno de diecisiete mayoristas textiles. Si a un separatista le das un Parlamento, un Ejecutivo, una bandera, un himno, un idioma oficial, las escuelas y una televisión de gran audiencia, los utilizará para liquidar la Nación matriz y cuanto más diálogo le ofrezcas, con más encono querrá marcharse porque cada gesto conciliador que le dediques lo interpretará como un signo de debilidad. Y yendo a la financiación, no se ha descubierto la fórmula que permita que todas las Comunidades reciban más a la vez que la suma de lo que reciben sea menos para cumplir el calendario europeo de reducción de déficit.
El Estado autonómico no se volverá eficiente, manejable, ágil y eficaz a base de parches, sino volviendo al punto de origen del que partimos hace cuarenta años y aprendiendo de forma objetiva y sin prejuicios de la experiencia acumulada. Si no ponemos el contador a cero y reiniciamos el sistema con criterios racionales, nada nos salvará de la catástrofe. Somos como un barco que navega por un río hacia una tremenda catarata mientras la tripulación discute sobre el color de las velas o el menú de la cena en vez de gritarle al timonel que invierta el sentido de la marcha. El endeudamiento tiene un límite a partir del cual se produce la quiebra y la paciencia de los españoles no es infinita. Cuando se les acabe, a más de uno le pondrán la Conferencia de Presidentes por sombrero.
