Aún seguimos inmersos en el delirante, por ilegal, desafío soberanista que Artur Mas lanzara hace una semana y que se sumara en lo estrafalario el Gobierno de Canarias (CC PSOE) presidido por Paulino Rivero. Lo calificamos así por el hecho de que a nadie se le escapa que, entre las muchas funciones de un presidente autonómico, está la obediencia a las Leyes y el respeto a la Constitución y esto, en el caso del señor Mas y Rivero, no se cumple. Se olvida que son representantes del Estado en sus Comunidades autónomas y su legitimidad le viene, fundamentalmente, de la Constitución.
Tanto es así que el presidente de la Generalitat ha llamado abiertamente a la desobediencia civil de los catalanes contra las sentencias que el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado en relación con su consulta, de por sí ilegal. El problema no radica únicamente en el hecho de que no acate los dictámenes de la Justicia sino que, además, rompe con la unidad de los catalanes a los que prometió representar.
En su irresponsable juego político se ha dejado llevar por los cantos de sirena de su socio de gobierno, Ezquerra Republicana, para embarcarse en un viaje de no retorno en el que pocas salidas tiene. Más aún cuando el propio TC ha ratificado la decisión del Gobierno de España y ha suspendido dicho referéndum. En este viaje, por cierto, cuentan con el apoyo tácito del PSOE catalán que no es ni obrero, ni español. Debería sencillamente llamarse PS.
Comprobamos pues, con lástima e incredulidad, como el señor Mas pretende seguir riéndose de todos los españoles, mientras divide Cataluña de forma unilateral. Con esta convocatoria, no se enfrenta al Ejecutivo Central sino a nuestro Estado de Derecho. Por tanto, no puede seguir ni un minuto más con una campaña millonaria a costa de todos los españoles ni con un gobierno instalado en la ilegalidad.
Por no hablar de que él, será el responsable de las consecuencias de su desafío que por una parte, divide a sus ciudadanos y, por otra, los aleja de España y de Europa y perjudica su bienestar. Porque lo primero que debería aclarar el presidente de la Generalitat es que está basando esa decisión en una mentira y en demagogia, estafando a una parte de la población catalana con una iniciativa unilateral que sabe que no verá la luz.
Basándonos en estos hechos, podemos afirmar que Artur Mas es un gobernante suicida e irresponsable, pues con el cargo que ostenta debería saber que la consulta de autodeterminación que pretendía, y pretende, convocar es contraria a nuestra Constitución, que ya en su primer artículo consagra que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
Por tanto, esgrimir que los catalanes tienen derecho a ser escuchados y por eso deben votar esa consulta es un argumento sesgado, puesto que así se está privando de ese derecho a quién realmente le corresponde que es el conjunto del pueblo español. En otras palabras, una parte de nuestro país no puede tomar decisiones que corresponden a todos los españoles por igual.
No sabemos si con estas artimañas Artur Mas pretende correr un tupido velo sobre ciertos escándalos que están azotando a Cataluña. Pero si algo tenemos claro es que ha traicionado la confianza de un pueblo noble como lo es el catalán y está favoreciendo la confrontación.
Por cierto, el Sr. Pujol en una comparencia en el Parlamento catalán (a trompicones y obligado) se permitió el lujo de insultar y amenazar a todos los españoles sin clarificar para nada el motivo por el que fue allí.
Y sobre nobleza del pueblo sabemos mucho en esta tierra, como también sabemos de presidentes irresponsables. Canarias posee una ciudadanía que es ejemplar en esta virtud y no nos merecemos que se pueda plantear una consulta engañosa hasta en los términos en los que ha sido planteada. Como el pueblo catalán, padecer los delirios de presidentes que tratan de tapar su incompetencia en la gestión o sus luchas internas por el poder con consultas que tildan de populares pero que en realidad están manejadas a sus antojos es abyecto.
Como bien afirmó el presidente de España, Mariano Rajoy, quien desee cambiar las leyes puede plantear una reforma en los términos democráticamente establecidos pero lo que no deberían hacer es buscar atajos para violentar la legalidad, por muy adornados que vengan de bonitas palabras.
Ante estos dos ejemplos de presidentes delirantes, solo cabe transmitir un mensaje claro y certero a la ciudadanía: el Estado de Derecho funciona y su misión es garantizar que la voluntad del pueblo español no se somete a los caprichos personales de ningún gobernante se apellide Mas o Rivero.
