l febrero que ahora se cierra, se abría, por lo que a la actividad municipal madrileña se refiere, con la retirada de diversas reliquias conmemorativas cuya desaparición del ámbito público venía a dar cumplimiento a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. A la cabeza de tal iniciativa ha figurado la delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, quien se ha servido de «informaciones técnicas» para llevar a cabo esta suerte de damnatio memoriae a la que con tanto ardor se entregan amplios sectores de la juventud española íntimamente identificada con hechos que en su mayoría se produjeron hace más de siete décadas.
Ocurre, no obstante, que muchos de los personajes que en aplicación de la ramplona lógica memoriohistoricista debieran haber estado ligados a un lugar físico e histórico concretos, lo estuvieron en su opuesto, rompiendo así, por la vía de los hechos, lo construido por la de la ideología. Sirvan de muestras los siguientes ejemplos de aquellos hombres que vivieron bajo el nombre del más obrerista de los santos: José.
El primero al que hemos de referirnos es a José Calvo Sotelo (1893–1936), muerto en la madrugada del 13 de julio anterior al estallido de la Guerra Civil mientras era conducido, a bordo de una camioneta de la Guardia de Asalto, hacia la Dirección General de Seguridad (DGS). El asesinato de Calvo Sotelo, por lo tanto, se produjo en el tiempo anterior a un franquismo que sólo los más rigoristas podrán dar por iniciado unos días más tarde. Un tiempo previo a ese que sirve hoy a la iconoclastia municipal, cuya metodología podemos conocer por boca de la Mayer: «Hay varios monumentos retirados porque el principal articulado de la ley tiene que ver con la represión y la violencia en la dictadura». El corsé leguleyo se constituye así en una barrera infranqueable aun para una edil que hubiera estado encantada de retirar todo rastro de quien fundara un partido monárquico llamado Bloque Nacional, que sin duda hubiera sonado mejor a sus oídos de haber trocado ese «Nacional» por un adjetivo mucho más asumible: «Estatal». Unos días, y un par de disparos, separaron a este primer José de haber podido ingresar en una lista en la que se han incluido nombres que han causado polémica y estupor entre la ciudadanía.
El segundo José desubicado llevaba Laín Entralgo por apellidos y vivió entre 1910 y 1972. Como el lector habrá adivinado, este José era hermano de un célebre Pedro, el médico y dirigente falangista Pedro Laín Entralgo (1908-2001) que llegaría a ser rector de la Universidad de Madrid desde 1951 hasta los sucesos de 1956, tras los cuales, la oportuna ayuda del amigo americano, por medio del Congreso por la Libertad de la Cultura, mantuvo a don Pedro en los habituales predios anticomunistas que tanto atraían a ese hermano vaporizado en sus memorias Descargo de conciencia, publicadas tras la muerte de Franco.
En efecto, hubo otro Laín, ese José que vivió dos décadas en la Unión Soviética estalinista encuadrado en el organigrama comunista ganándose la vida como traductor al español de obras de filosofía marxista-leninista que llegaron a España e Hispanoamérica. Don José, sin embargo, abandonaría las tierras delimitadas por el Telón de Acero precisamente un año después de la algarada universitaria que le costó el puesto a su hermano. En el Madrid franquista proseguiría sus labores de traductor quien en su juventud desplegara una más que notable carrera como articulista en publicaciones en las que expresaba sus anhelos revolucionarios, los mismos que le llevaron a involucrarse en la preparación de un violento golpe de Estado que de haber obtenido el éxito deseado hubiera dado al traste con la II República hogaño presentada como paraíso de las libertades y antaño acusada de burguesa. Regresado a España, viviría don José en Madrid sus dos últimas décadas de vida.
Un año antes del regreso del discreto hermano de don Pedro, José Gárate Murillo (1933-2015) había participado, en calidad de jaranero o alborotador según las palabras del propio Franco, en las protestas universitarias madrileñas. Según su propia declaración en la DGS, cursaba Gárate, en aquellas jornadas de protestas y correndías, cuarto curso de Derecho tras haber alcanzado la Jefatura de la Primera Línea del Distrito Universitario de Madrid del SEU. Afiliado a Falanges Juveniles de Franco en 1949, Gárate se radicaría más tarde en el mismo México que constituyó el santuario del gobierno republicano en el exilio. Nunca abdicaría, sin embargo, de su credo falangista. Prueba de ello es el hecho de que presidió la Fundación Hispano-Mexicana de Castilnovo que impulsó actividades ligadas a tal ideología. Gárate fue también presidente de la Fundación José Antonio Primo de Rivera y Miembro de la Plataforma 2003 para el Centenario de José Antonio.
Opacado por los nombres más conocidos –Múgica, Pradera, Tamames– de quienes protagonizaron aquellos sucesos, el joseantoniano Gárate ha permanecido olvidado incluso para quienes han tratado de ajustar retrospectivamente cuentas con todo aquel que vistiera el azul al que cantara el también involucrado Ridruejo. Considerado un punto de inflexión que de alguna manera desvió la trayectoria del franquismo hacia su transformación en la actual democracia coronada, la participación en aquellos hechos sirvió para pulir las aristas políticas y los objetivos de sus protagonistas. Bajo el común denominador de su concurso en esta contestataria protesta, los integrantes de la misma quedarían absueltos de sus errores.
Décadas más tarde, de la mano de Rodríguez Zapatero, España se entregaría a la puesta en práctica de la así llamada Memoria Histórica, no sólo contradictoria en su propia enunciación, sino marcada por un sesgo ideológico tan alejado del rigor histórico que permite recolocar debidamente a los desubicados. Los datos, no obstante, son tozudos y nos hacen recordar el lamento de don Quijote:
«¡Oh, memoria, enemiga mortal de mi descanso!»
