Desde que Barack Obama ocupara la Casa Blanca hace ya doce meses, su actividad política no se ha reducido, por desgracia, a capear la crisis económica, impulsar la reforma sanitaria o pasear su nobélica sonrisa por los cinco continentes. Su primer año de mandato ha estado plagado de guiños al lobby homosexual y a algún otro de oscuras intenciones que parece dirigir un calendario contra las instituciones tradicionales de nuestra sociedad.
Gestos tan simbólicos como innecesarios, pero no por ello menos importantes: declarar junio mes del orgullo homosexual; y otros tan discretos como perniciosos y eficaces: Barack Obama se ha prodigado en la concesión de cargos públicos estratégicos a representantes del movimiento proabortista como NARAL, defensores de la pornografía y homosexuales militantes en importantes cargos de Educación. Pero esos nombramientos, que le han permitido cumplir con su agenda homosexual y abortista mientras se dedica a fotografiarse con todos los líderes mundiales, no han contentado a Barack Obama que firmó, a principios de noviembre, la ley que hasta hace bien poco era conocida como la ley de crímenes de odio.
Para evitar que el Senado sometiera a consideración la extensión del concepto “crímenes por odio” a los casos de orientación sexual e identidad de género, el líder demócrata en el Senado, Harry Reid, coló esta reforma legal adjuntándola al proyecto por el que se autorizaba la “financiación” para las fuerzas armadas cuyo principal objeto era abastecer de recursos a las tropas de Afganistán. Evitaba así que los senadores tuvieran ocasión de enjuiciar la norma por su propio peso y condicionaba, además, la aprobación de una norma de importancia indiscutible pero que no guardaba relación alguna.
La Hate Crimes Bill extiende la consideración de crímenes de odio a los casos de orientación sexual e identidad de género, más allá de los clásicos: raza, sexo o religión. El principal problema de esta norma, que ha generado una profunda preocupación en la sociedad civil, es que establece el marco legal suficiente para generar futuras manipulaciones y abusos de la ley que pueden suponer una seria amenaza para la libertad de expresión. Todo parece indicar que, lo que se ha colado como una protección para un grupo supuestamente discriminado, es en realidad la forma de sentar las bases para una futura persecución a aquellos que expresen sus opiniones personales acerca de la homosexualidad y la relación de esta conducta con los derechos civiles.
Por si lo anterior no fuera suficiente, el Gobierno federal ve reforzada su capacidad de intervención a la hora de perseguir esta clase de delitos en cualquier rincón de Estados Unidos, constituyéndose como marco regulatorio subsidiario en aquellos estados que carezcan de leyes que protejan a las personas por razón de su orientación sexual.
La Administración de Barack Obama, avalada por sus secuaces en el Congreso, está implementando una serie de normas no sólo contrarias a lo que la mayor parte de los estadounidenses quiere (como muestra el resultado del reciente referéndum en Maine), sino que establece un peligroso precedente permitiendo al Gobierno aprovecharse de la ausencia de normas o referencias a los homosexuales para utilizarla en su favor.
