De las distintas cuestiones que Ciudadanos ha exigido a Mariano Rajoy para votar a favor de su investidura como presidente del Gobierno de España, podemos resaltar dos bloques: el político y el social.
Respecto a este último, cabe congratularnos por la creación o el refuerzo de partidas presupuestarias destinadas a las personas más desfavorecidas donde destaca el plan social hasta 2020 que incluye un complemento salarial para los sueldos más bajos, la igualación de los permisos de paternidad y la recuperación del gasto por habitante en educación, sanidad y dependencia. Sólo queda preguntar de dónde se pretenden obtener los fondos que lo sufraguen sin incrementar el déficit crónico que arrastramos, cuya respuesta no debería suponer una grave dificultad al partido de Rivera, considerando la existencia de los innumerables gastos superfluos en los que incurre anualmente el Estado español y su sistema autonómico, como son las diputaciones provinciales, las empresas y televisiones públicas, la financiación pública de partidos, patronal y sindicatos, etc., que el PP y el PSOE no han querido nunca eliminar porque habrían tenido que enviar a casa a decenas de miles de personas que colocaron previamente.
Pero vayamos a la causa que ha provocado y mantenido dicho gasto que tanto daño ha hecho a España y muy especialmente a su sociedad civil: lo político.
Ciudadanos mantiene en su programa electoral que garantizará “un órgano de gobierno del Poder judicial independiente y sin partidismos” de lo que se pueden deducir dos claras aserciones; una, que una Justicia independiente es un requisito esencial a la democracia; y dos, que la Justicia no puede ser independiente del poder político si éste interfiere en los nombramientos de las más altas magistraturas de aquella, precisamente las que podrían llegar a conocer de los casos de corrupción política.
Aquí la pregunta que nos hacemos tiene una respuesta para C´s mucho más complicada que en la cuestión social. Pues si se ha llegado a la sabia conclusión de que la incursión de la política en la Justicia es nefasta para la salud democrática de un país, ¿por qué propone mantener un 40% de políticos en el órgano que regula el Poder Judicial, es decir, el CGPJ? De la misma forma que las listas electorales son perniciosas para la democracia y se mantienen con la primera (sistema mixto) y no digamos la última propuesta (conservarlas pero abiertas) del partido de la ciudadanía, como ya apunté en mi artículo del 12 de agosto otro tanto ocurre con el Poder Judicial. No creo que se trate de una solución pragmática con la que avanzar “por el camino de en medio”. Hoy es un momento de exigir programas de máximos que la aritmética parlamentaria ya se encargará desgraciadamente de tamizar. Pero si de su fuente original la propuesta ya llega tamizada, ¿qué quedará de ella cuando se enfrente dialécticamente a un parlamento en el que los escaños populistas no llevan ni siquiera en su programa la independencia del poder judicial ni el principio representativo necesario a toda ley electoral democrática? Lo peor es que en su pecado llevamos los votantes la penitencia.
También hay algo de pacato en la propuesta relacionada con las elecciones municipales. Celebro extraordinariamente la elección directa del alcalde. Es la más acertada de todas las exigencias para cerrar el pacto de investidura porque es la que más adentra en la democracia a nuestro sistema político. Ahora bien, C´s parece no conocer la paradoja de Arrows que demuestra que una elección directa sin doble vuelta permite salir elegido al ganador sin respaldo mayoritario. Y si la elección directa del gobernante es una propuesta tan saludable, ¿por qué no elegir también con ese sistema a los concejales en una votación distinta, es decir, en otra urna? De esa forma muchas personas prestigiosas de la ciudad que gozan de gran popularidad entre sus vecinos podrían salir elegidas sin tener que haberse sometido a una disciplina de partido que en la inmensa mayoría de los casos sólo conduce a perder miserablemente el tiempo durante años antes de ser incluido en unas listas. ¿Por qué prescindir de los sabios consejos y de la experiencia de muchos posibles candidatos al Concejo municipal y limitarlo solamente al candidato a la alcaldía? Por último, si la medida es tan beneficiosa para gobernar un ayuntamiento no sólo en términos de verdadera representación del votante sino también en lo que implica de estabilidad política, ¿por qué no aplicarlo, como venimos muchos defendiendo desde hace años, a la presidencia del gobierno? Nadie podrá negar que las aludidas razones para aplicarlo en el ámbito municipal vienen como anillo al dedo en la situación nacional actual.
Todo aquel que valore mínimamente la libertad y el progreso y que haga descansar en la nación española la garantía de nuestros derechos debe celebrar el esfuerzo de C´s para pactar con el PP de Rajoy, con todos los riesgos que conlleva. A través del mismo, se intenta dar gobierno y estabilidad a España, se procura evitar cualquier contagio populista y además, se fuerza a Rajoy a hacer reformas absolutamente necesarias para el buen funcionamiento de la nación. Por último, el pacto persigue forzar a los barones socialistas a convocar, más pronto o más tarde, como vengo defendiendo, un Comité-Congreso federal para batir a Sánchez y abstenerse en alguna de las sesiones de investidura que han convocado o que se convocarán.
Pero como dijimos en un artículo anterior, ésta era una oportunidad histórica. El PP es un partido nacido por y para la partidocracia, en donde cualquier reforma del sistema afecta directamente a su ADN y al bolsillo de miles de personas que viven de él. Se negará siempre en rotundo a aplicar cualquier tipo de modificación del régimen que afecte a su hábitat natural, la partidocracia, y sólo en circunstancias extraordinarias se prestará a acometerlas. Hoy vivimos esa circunstancia extraordinaria porque Rajoy, que no puede presentarse más veces a la presidencia del partido y del gobierno, con tal de seguir unos años más en el gobierno sacrificará el poder de su sucesor. Poco le importa ya que la partidocracia pierda fuelle porque él se retirará, pero no nos engañemos, los siguientes se mostrarán tan reacios a las reformas políticas como él lo ha sido hasta ahora. Era el momento de haber arrancado un compromiso más profundo con la erradicación del régimen partidocrático español, que se resume en la ley electoral y el poder judicial, amén de implantar el presidencialismo. No se ha llegado al fondo y pasarán probablemente muchos años antes de que nos demos cuenta de que sólo hemos solucionado a medias el problema. Lo cual, puede motivo de satisfacción. Pero sólo a medias…
