Diario de Información y Análisis de Intereconomía
Ómnium se niega a pagar la sanción

La ANC vive sus peores días tras el jaque mate de VOX

R. Moreno
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En VOX estarán atentos a que los fondos que recabe la plataforma separatista no salgan de ningún presupuesto público, ni de transferencias que pueda acordar Montoro.

 

Tras una denuncia de VOX, tanto la ANC como la plataforma Ómnium Cultural -organizadoras del aquelarre separatista del 11S y de la protesta por el juicio a Mas por el 9N- han quedado tocadas. Se les ha embargado 246.500 euros a cada una por una sanción de la Agencia de Protección de Datos por abuso de datos ideológicos. Los hechos se remontan a la víspera de la consulta ilegal separatista del 9N de 2014, cuando estas plataformas separatistas impulsaron una macroencuesta en la que voluntarios de estas entidades visitaron domicilios particulares en Cataluña para recabar datos sobre el apoyo ciudadano a la secesión de Cataluña.

La ANC ha lanzado un comunicado en el que dice que no cree en las casualidades y recuerda que este embargo llega escasos días después de la protesta en apoyo a Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega por el juicio del 9N.

Proclama que “la mejor manera de ayudar para minimizar el embargo y reforzar la ANC" es darse de alta como socio o hacer una aportación a su cuenta bancaria, con el compromiso de que "todos los recursos recaudados irán directamente a hacer más grande la campaña para ganar el 'sí'" a la secesión.

Desde Òmnium Cultural han dicho que no piensan pagar la sanción. La consideran "un ataque político desproporcionado" a las organizaciones que "están al frente del procés” separatista "con el único objetivo de frenarlo".

Además, han recordado que la entidad "ya fue ilegalizada y clausurada durante el franquismo entre los años 1963 y 1967" pero que "ninguno de estos ataques ha podido dinamitar" una entidad que tiene "más de 63.000 socios".

VOX, que saborea "haber hundido" a Òmnium y a la ANC con estas sanciones, manifiesta que el hecho de que una formación, con tan pocos medios, haya logrado “dinamitarlas” "demuestra lo que lograría el Estado si de verdad empleara todos sus medios legítimos". 

Santiago Abascal, presidente de VOX, critica que "el separatismo sería una broma en un santiamén, si se detuviese, procesase e inhabilitase a todos los sediciosos", como lleva tiempo reclamando al Gobierno, que "sólo sabe ampararse tras el Tribunal Constitucional y tender la mano al separatismo". Y la reacción del secesionismo ante esto viene siendo desafiar aún más. Así ha pasado con el reciente fallo del Tribunal Constitucional que anula la convocatoria del referéndum secesionista y la denuncia ante el fiscal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros separatistas de la Mesa. El Govern ha replicado que tal decisión “no altera en nada la voluntad inequívoca del Govern de convocarlo”.

Cuestionan ante Bruselas si viola el código de conducta

Por su parte, el eurodiputado independiente de los liberales ALDE Enrique Calvet Chambon registró el pasado noviembre una pregunta en la Comisión Europea en la que cuestionaba si la Asamblea Nacional Catalana debe estar en el Registro de Transparencia Europeo. Calvet considera que viola el código de conducta de los tratados de la UE, la obligación de respetar las funciones esenciales de los Estados, especialmente las que tiene por objetivo garantizar su integridad territorial. A su iniciativa se sumaron Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Javier Nart (ALDE) y María Teresa Giménez Barbat (ALDE).

La ANC se registró el pasado 26 de octubre como una organización que "promueve las condiciones sociales y políticas de un Estado democrático catalán". Para Calvet, es un hecho grave que una asociación que promueve "objetivos ilegales contrarios a los principios de la UE" sea reconocida y registrada.

Este eurodiputado ha puesto en conocimiento de la Comisión que la ANC tiene por objetivo la secesión de Cataluña, y reprocha que con ese registro se le dé "apariencia de legitimidad como interlocutor" ante la Comisión y el Parlamento Europeo, dotándola de una serie de derechos de acceso privilegiado a las instituciones.

Advierte de que “constituye una injerencia de la UE en la conformación del territorio legal de sus miembros", y pregunta a la CE si cree que la ANC viola el código de conducta, si anularía su inscripción en el registro y qué va a hacer para evitar que otras asociaciones hagan lo mismo.

Llamamientos a Rajoy

Tres meses después, el eurodiputado ha recibido respuesta. El primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, le ha contestado por escrito que la ANC se eliminará del Registro si se declara ilegal mediante una resolución jurisdiccional firme en España.

Timmermans asegura que hasta el momento “la Comisión no tiene conocimiento de ninguna decisión jurisdiccional de las autoridades españolas por la que haya declarado ilegal a la asociación en cuestión”. Asimismo, señala que la inscripción de una organización en el Registro de Transparencia “no establece un estatuto privilegiado ni puede considerarse que exprese la postura de la Comisión sobre los objetivos de la organización de que se trate”.

Calvet considera que con esta respuesta “la Comisión refrenda la necesaria ilegalización de la ANC por parte de España para poder anular su inscripción en el Registro de Transparencia de la Unión”. “Queda patente una vez más la lenidad de los Gobiernos de este país”, sentencia Calvet.

En declaraciones a La Gaceta ruega al Gobierno "que de una vez se tome en serio la protección de los derechos civiles de la mayoría de los ciudadanos españoles y de la protección del Estado de Derecho que les ampara".

En VOX aplauden la iniciativa de Calvet contra la ANC, según ha dicho a este diario Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de esta formación. Además, VOX vuelve a hacer una vieja reivindicación al Gobierno de Mariano Rajoy. “Le reiteramos nuestra petición de que inicie de una vez el trámite del artículo 155 Constitución, que ya le hemos venido solicitando en varias ocasiones, incluso por escrito”, subraya Fernández.

En cuanto a la captación de fondos por parte de la ANC dice que estarán “atentos a que no salgan de ningún presupuesto público, ni de transferencias que pueda acordar el Sr. Montoro”.

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