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Los desafíos no cesan y Rajoy, tras el TC

Un año después, Cataluña sigue igual

La Gaceta/ Efe
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El separatismo sigue tensando la cuerda de un desafío que, por ahora, no se ha frenado más que con 'avisos'... y nada más. VOX y las plataformas civiles contrarias a la secesión llevan tiempo advirtiendo a Rajoy de que se dan las condiciones para suspender la autonomía, pero el Gobierno sigue dispuesto a hablar con los secesionistas.

El Govern de Junts pel Sí (JxSí) -con Carles Puigdemont al frente, en lugar de Artur Mas- y la CUP han protagonizado un año repleto de desencuentros y reproches cruzados, en el que han redefinido su hoja de ruta para situar como nueva meta un referéndum en 2017, en pleno pulso con los tribunales españoles. 

Tras tres meses de agrias negociaciones postelectorales, 2016 arrancó con un acuerdo 'in extremis' entre JxSí y la CUP, que evitó la repetición de elecciones pero con el que los anticapitalistas se cobraron la pieza que exigían para facilitar un nuevo gobierno: que Artur Mas se apartara de la presidencia de la Generalitat.

El 10 de enero, el último día posible antes de que fuesen convocados nuevos comicios automáticamente, Puigdemont fue investido president con los votos de la CUP y nació así el primer gobierno de coalición entre CDC y ERC, con Oriol Junqueras como vicepresidente y número dos del Ejecutivo.

Puigdemont, hasta entonces alcalde de Gerona, asumió las riendas del Govern con el compromiso de apartarse de la presidencia una vez culminasen los 18 meses de legislatura en los que JxSí prometía conducir Cataluña a las puertas de la independencia, antes de convocar unas "elecciones constituyentes".

El 20 de abril Puigdemont celebró en la Moncloa su primera y hasta hoy única reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien le trasladó un documento de 46 reivindicaciones catalanas, que doblaba las 23 que le planteó Mas en 2014. 

Pero las relaciones entre el Estado y la Generalitat siguieron tan frías como en la etapa de Mas, cuyo proceso judicial por promover la consulta separatista del 9N de 2014 ha seguido su curso. 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó en octubre enviar a juicio a Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia grave y prevaricación, si bien descartó el delito de malversación, que acarrea penas de cárcel.

Paralelamente, en noviembre, el Congreso concedió el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder actuar contra el portavoz del PDeCAT, Francesc Homs, por la consulta del 9N, y este 29 de diciembre se ha conocido que el Supremo lo procesa

No es el único frente abierto de los separatistas con la justicia española: también la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, chocó con los tribunales al permitir el 27 de julio que el pleno debatiera y votara, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional (TC), unas conclusiones de una comisión de estudio que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la ruptura.

El 16 de diciembre Forcadell declaró como investigada ante el TSJC y reivindicó el derecho de la cámara a debatir sobre la secesión, días después de que fueran detenidos cinco individuos de la izquierda separatista-tres de ellos por los Mossos d'Esquadra, lo que motivó un choque entre el Govern y la CUP- por no haber acudido a declarar por la quema de fotos del Rey. Cabe recordar que los cuperos han protagonizado auténticas salvajadas por los arrestos.

Ante esos procesos judiciales, la antigua CDC -refundada en julio como Partit Demòcrata Europeu Català-, ERC y la CUP han exhibido una unidad que, más de una vez a lo largo del año, se ha tambaleado. 

En su acuerdo de legislatura con JxSí, la CUP se comprometió a "no votar en ningún caso en el mismo sentido que los grupos parlamentarios contrarios al procés" o al derecho a decidir "cuando esté en riesgo" esta estabilidad, pero en la práctica la confianza entre ambas fuerzas separatistas ha pendido de un hilo que, en alguna ocasión, ha llegado a romperse.

Fue el caso del proyecto presupuestario del Govern para 2016, que la CUP tumbó al unir sus votos a los de la oposición, lo que desató una tormenta política con el Ejecutivo catalán.

Para verificar si seguía contando con una mayoría parlamentaria suficiente o tenía que anticipar elecciones, Puigdemont se sometió a una cuestión de confianza en el Parlament el 28 de septiembre.

Finalmente la superó, con los votos de la CUP, y aprovechó para redefinir la hoja de ruta separatista, situando como nuevo objetivo la convocatoria de un referéndum, como muy tarde en septiembre de 2017, con o sin el aval del Estado. 

El Ejecutivo de Rajoy ya ha avanzado su rechazo a hablar de referéndum, aunque, desde el nombramiento en noviembre de Enric Millo como nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, ha tendido la mano a la Generalitat para abrir una etapa de "diálogo"

Pese a las dudas sobre la viabilidad de un referéndum unilateral expresadas por la presidenta del consell nacional del PDeCAT, Mercè Conesa, y la decisión del TC de suspender cautelarmente una resolución del Parlament en este sentido, Puigdemont ha dejado claro que esta consulta ilegal tendrá lugar de manera "indefectible" en 2017. 

Pero para poder realizarlo, el Govern debe ver antes aprobados sus presupuestos para el año que viene, que incluyen una partida de 5,8 millones de euros para el referéndum.

En manos de la CUP -que ha pedido la destitución del conseller de Interior, Jordi Jané, por su gestión al mando de los Mossos- está la decisión de aprobar los presupuestos a principios de febrero o repetir el veto de junio y forzar nuevas elecciones en Cataluña.

Precisamente, este 28 de diciembre, los letrados del Parlament han hecho constar, en un anexo del texto de los Presupuestos de la Generalitat, que la partida destinada a sufragar la organización del referéndum de autodeterminación podría ser inconstitucional.

Recuerdan que el pasado 16 de diciembre se notificó la providencia del Alto Ttibunal de 13 de diciembre en la que se anula la resolución sobre el referéndum aprobada en el último Debate de Política General. Sin embargo, el aviso de los letrados no ha sido estimado por los miembros de la Mesa de la Comisión de Economía puesto que, tal y como hacen constar, "están enterados de la advertencia, pero hacen constar que consideran que las resoluciones mencionadas del TC no son relevantes para la tramitación del Presupuesto".

Además, este pasado 23 de diciembre, el Constitucional ha anulado las tres ponencias del Parlament sobre las leyes de 'desconexión' y parte de la Ley catalana de Acción Exterior.

Sin embargo, Plataformas civiles contrarias a la secesión llevan tiempo advirtiendo al Gobierno de que se dan las condiciones para suspender la autonomía y denunciando que "un golpe de Estado no se detiene simplemente recurriendo al Constitucional". Lo que reclaman al Ejecutivo de Mariano Rajoy no es precisamente diálogo, ni ofertas al bloque separatista que impulsa el procés, sino la aplicación del artículo 155, como también exige VOX.

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