Diario de Información y Análisis de Intereconomía
TRAS EL DESMANTELAMIENTO DE LOS 'ANTIDISTURBIOS'

La alcaldesa, acusada de 'violar derechos de los trabajadores'

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto una denuncia contra la alcaldesa de Madrid y contra su concejal de Seguridad y el director general de la Policía Municipal por un presunto delito "contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación".

S. Toro
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El desmantelamiento de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS) -conocidas como "antidisturbios"- no le va a salir gratis a Manuela Carmena. Los policías afectados por la arbitrariedad de la medida, según los sindicatos, están dispuestos a llegar hasta el final en la defensa, primero de las unidades eliminadas, de la necesidad de las mismas y por supuesto de sus puestos de trabajo. 

Este miércoles, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto una denuncia contra la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid y contra su concejal de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y el director general de la Policía Municipal de Madrid, Andrés Serrano.

El motivo de la denuncia reside en la actuación de los tres denunciados en el desmantelamiento de las UCS, especializadas en el mantenimiento general de la seguridad ciudadana, aseguramiento de espacios públicos, control de masas, graves catástrofes públicas y situaciones de alerta policial. Para los agentes policiales esta medida ha supuesto una muestra más de la disparatada gestión de Manuela Carmena y de su equipo de Gobierno, que siempre se ha distinguido por una animadversión notoria a las Fuerzas de Seguridad españolas, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional y a los agentes municipales. En el aire queda si este rechazo se debe a que la mayoría de componentes de Ahora Madrid han liderado durante los últimos cuatro años la movilización contra la normativa de seguridad ciudadana de la capital.

Los presuntos delitos en los que habrían incurrido Carmena, Barbero y Serrano son: contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación. Es decir, la alcaldesa habría tomado esta decisión "de manera injusta" a sabiendas de que generaría un perjuicio a los trabajadores. 

GACETA.ES se ha puesto en contacto con agentes de la Policía Municipal que aseguran que el cambio en las condiciones laborales que les ha impuesto Carmena afectan tanto a la seguridad ciudadana como a sus derechos como trabajadores. Los diferentes sindicatos y asociaciones policiales coinciden en señalar que las medidas emprendidas por Ahora Madrid "están restando una eficacia que ya se está notando en la seguridad, especialmente en aquellos distritos en los que operaba el Grupo de Apoyo Zonal (GAZ) -se dedicaba a controlar el botellón, drogas, armas y venta ambulante-".

La disolución completa de la Unidad se producirá en menos de dos meses

Como ya informó GACETA.ES, el desmantelamiento de la Unidad se llevará a cabo en dos fases: la primera etapa se ha consumado este lunes con la desaparición de la UCS 1 mediante el traslado al segundo grupo -la UCS 2- de 32 de sus policías. El resto ha sido recolocado en las Unidades Integrales de Distrito (UID) en turnos tanto de mañana como de tarde. 

El segundo paso, con el que se producirá la disolución completa de la Unidad, se llevará a cabo en un plazo de dos meses. Posteriormente, se creará una nueva unidad de apoyo a la que podrá optar toda la plantilla.

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