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Se enfrenta a un delito de estafa

Detenido un marroquí en Manresa por intentar alquilar un piso que había 'okupado'

La Gaceta
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Los Mossos d'Esquadra han detenido en Manresa (Barcelona) a un joven de 21 años como presunto autor de un delito de daños y otro de estafa por querer alquilar por 450 euros un piso que él mismo había okupado y al que había cambiado la cerradura.

Según ha informado la policía autonómica en un comunicado, la detención del joven, de nacionalidad marroquí y vecino de Manresa, se produjo el pasado jueves tras recibir el aviso de que se estaban produciendo unos disturbios en la entrada de un edificio de la calle Maestro Albagés de la localidad. Unas personas querían forzar la puerta de entrada y, al verse descubiertos, ordenaron a los vecinos que les abrieran la puerta.

Una patrulla se dirigió al lugar e identificó a una persona que, según manifestó, estaba allí porque le iban a alquilar un piso en esa comunidad previo pago de 450 euros. Según la policía, el joven que le acompañaba, y que le había ofrecido el alquiler, huyó corriendo antes de que llegara la policía. Los agentes encontraron la puerta del edificio dañada y, acompañados por los vecinos, accedieron al interior del bloque de pisos.

Después de revisar todas las puertas de la comunidad comprobaron que la entrada a un piso de los bajos, propiedad de una entidad bancaria, había sido forzada y habían cambiado la cerradura. Todo apuntaba a que se trataba de un caso de okupación de un piso para ofrecerlo en alquiler y conseguir un beneficio económico.

Los investigadores averiguaron la identidad del autor de los hechos y lo detuvieron el pasado jueves en la calle Alcalde Armengou de Manresa, como presunto autor de un delito de daños y estafa. El detenido pasó el viernes a disposición judicial ante el juzgado de guardia en funciones de instrucción de Manresa.

La "okupación" es una practica ya habitual en España por las mafias y la colaboración de algunos gobiernos municipales. Ayuntamientos como el de Barcelona, liderado por Ada Colau y el PSC, han creado un protocolo dirigido a la policía local para proteger a los okupas de propietarios particulares o empresas que pretendan desalojarlos de manera “extrajudicial”. La medida va dirigida a empresas como Desokupa, a la que el equipo de gobierno de Ada Colau ha llevado ante la fiscalía. El jefe de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez,informó a sus agentes de que las formas utilizadas por estas empresas o particulares para conseguir el desalojo de fincas ocupadas no se ajustaba a derecho, “correspondería intervenir para evitarlo”.

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