Diario de Información y Análisis de Intereconomía
Carmelo Ramírez:

'El Ejecutivo de Paulino Rivero usa su mayoría parlamentaria de forma fraudulenta'

El portavoz de NC en Gran Canaria exigió a CC y el PSOE que “respeten el legítimo derecho” de la institución insular a tramitar su proposición de ley para reformar la norma turística.

GACETA.ES
Carmelo Ramírez, portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo de Gran Canaria. ARCHIVO
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El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó el 8 de febrero, una moción de Nueva Canarias (NC), en la que se exige respeto al derecho de la institución insular a tramitar la iniciativa legislativa de la Administración de la Isla para reformar la ley turística. Esta propuesta surgió tras el veto de los grupos parlamentarios de CC y el PSOE a llevar la proposición de ley del Cabildo al debate plenario en la primera sesión del mes de febrero.

El portavoz de NC en el Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez,  exigió a CC y el PSOE que “respeten el legítimo derecho” de la institución insular a tramitar su proposición de ley para reformar la norma turística con el fin de permitir la construcción de hoteles con una categoría mínima de cuatro estrellas, con límites cuantitativos y temporales. Ramírez cuestionó a los grupos que sustentan al Ejecutivo de Paulino Rivero por usar su mayoría parlamentaria “de forma fraudulenta y partidaria”.

Por su parte, el pleno del Cabildo de Tenerife aprobó una moción de los grupos Socialista y Nacionalista en la que se pide al Gobierno español que no tramite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley canaria de renovación y modernización turística, porque consideran que profundizaría en el desempleo.

En un comunicado, la portavoz socialista, Carolina Darias, ha dicho que "desde el punto de vista material, y siguiendo el criterio del Consejo de Ministros, si es inconstitucional la ley del Parlamento de Canarias, también o más lo es la iniciativa legislativa del Cabildo".

 

Nueva Canarias considera que el "veto de los grupos de CC y PSOE, bajo el pretexto del conflicto con el Ministerio de Turismo sobre la constitucionalidad de la norma en vigor, es una cortina de humo en beneficio de sus intereses partidistas".

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