Diario de Información y Análisis de Intereconomía
El Gobierno se queja: 'lo recurren todo por sistema'

Las eléctricas utilizan al Tribunal Supremo para empobrecer al consumidor

No es la primera vez que lo hacen, ni será la última. Las grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa entre ellas, tratan de que el Supremo les exima de asumir el coste del 'bono social eléctrico', como pretende el Gobierno.

E.C.
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Lo que en el argot técnico se conoce como 'bono social eléctrico', no es otra cosa que el intento gubernamental de aliviar la carga que supone un prohibitivo recibo de la luz para las familias más desfavorecidas. Algo que ha preocupado a este Gobierno y al anterior ya que fue durante el mandato de Rodríguez Zapatero, en julio 2009, cuando se creó la llamada 'TUR', o Tarifa de Último Recurso, para que los peor parados de la crisis no se vieran desbordados por las constantes subidas del recibo de la luz. Una 'Tarifa de Último Recurso' que en abril de 2014 fue sustituida por el llamado 'precio voluntario para el pequeño consumidor', 'PVPC'.

¿Acostumbradas a que el Supremo les de la razón?

En aquella ocasión, el 'lobby eléctrico' ya entabló -vía Tribunal Supremo- un contencioso judicial que se saldó finalmente a favor de las compañías. En noviembre del año pasado, el Supremo dictó un auto en el que reconocía el derecho a que se restituyese a las eléctricas la partida que habían tenido que destinar a pagar ese 'bono social'. La anulación obligó al Ejecutivo de Mariano Rajoy y José Manuel Soria a cargar, de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013, el coste de ese 'bono social', mientras buscaba una fórmula nueva. Ahora, como parte de su reforma energética, el Ejecutivo ha vuelto a obligar a las grandes compañías a financiarlo, aunque mediante una fórmula que elimina los preceptos que el Supremó tiró abajo en su auto. 

Y venga recursos...

¿Qué han hecho las eléctricas? Pues volver a recurrir ante el mismo órgano judicial esas últimas modificaciones legales de 2014 en la regulación de este 'bono social'. Unos cambios que obligan, a partir de 2015, a la financiación del bono -al 99 por ciento- con cargo a las eléctricas. Unos 200 millones de euros. Algo que consideran poco menos que una intolerable agresión a su abultada cuenta de beneficios. La orden gubernamental está recogida en un Real Decreto-ley, el 968/2014, aprobado en noviembre de 2014, que desarrolla la Ley 24/2013, de reforma del sector eléctrico.

E.ON, EDP, Gas Natural, Iberdrola y Endesa, han ido presentando, por orden de lista, sus correspondientes recursos ante el Alto Tribunal. Fuentes de la propia UNESA, la patronal de las eléctricas, no esconden su intención de advertir al Gobierno que no van a tragar con las subidas impositivas -recuérdese que casi las dos terceras partes del recibo de la luz están compuestas por impuestos- que consideran atentatorias contra sus cuentas de resultados. El departamento que dirige José Manuel Soria está ya acostumbrado a estas maniobras legales y se limita a constatar, con cierta resignación, que 'las eléctricas lo recurren sistemáticamente todo'. 

Costantes enfrentamientos

Ya a principios del presente año, 2015, Gobierno y UNESA chocaron porque, frente a la intención inicial de las compañías de subir el recibo en un 11 por ciento, el Ejecutivo 'sólo' consintió un incremento de un 2,3 por ciento, temeroso sin duda de que se le desbocara la inflación y de la propia impopularidad de la medida. Pero la principal causa del 'cabreo' de las eléctricas está, como puede suponerse, en su balance. Y no por lo que pierden, no... por lo que se les obliga a dejar de ganar. Iberdrola por ejemplo, dejó de percibir 429 millones en los nueve primeros meses de 2014, mientras que Endesa redujo sus beneficios en 332 millones. 

Se abre pues otro largo y tortuoso camino judicial que puede durar otros tres o cuatro años, los mismos que tardó el Supremo en fallar en favor de Iberdrola, Endesa y el resto de compañías cuando recurrieron, como relatábamos al principio de éste artículo, la asunción del coste del 'bono social' de Zapatero.

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