Diario de Información y Análisis de Intereconomía
VIRGINIA PÉREZ ALONSO

'En España cuesta informar sobre las instituciones'

Nace la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información. Su presidenta detalla a gaceta.es las barreras para informar con libertad.

José Carlos Rodríguez
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La salud de la vida en sociedad depende de la fortaleza de las instituciones de esa sociedad, de que el entramado de asociaciones, empresas y organismos privados sea profundo y libre. Dentro de ese entramado, los medios de comunicación juegan un papel importante. Encarnan, aunque no sea en exclusiva, el ejercicio del derecho de expresión e información. Es un derecho que ocupa una posición especial, pues su ejercicio sirve de valladar para otros derechos de la persona.

Según el índice mundial de libertad de prensa, que elabora Reporteros sin Fronteras, España ocupa el puesto 35, y el 23 del continente europeo. El informe de Freedom House sobre la libertad de prensa coloca a nuestro país en el puesto 52, junto con Ghana, las Islas Solomon y el Surinám. 

La libertad nunca es completa, y nunca se puede dar por alcanzada. Por eso exige una defensa y una vigilancia constantes. Ese es el objetivo que se han propuesto varias asociaciones, medios de comunicación y profesionales, que han creado la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Su presidenta, Virginia Pérez Alonso, ha declarado a gaceta.es los motivos para ponerla en marcha: “Hemos ido detectando una serie de amenazas y peligros para el ejercicio de la libertad de expresión y de información, que no están acotados al mundo del periodismo, y hemos creído que era más eficaz juntarnos y defender un conjunto de posiciones desde una posición colectiva”.

¿Qué amenazas son estas? Lo primero sobre lo que llama la atención la vicepresidenta del Grupo 20minutos es que son numerosas, y “por el propio bombardeo administrativo de estas medidas legales, no da tiempo a asumirlo”. 

Una de estas “bombas” es la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que a su juicio “limita el normal funcionamiento de Internet, por cuanto convierte en irrenunciable el derecho a cobrar derechos de autor, y que impide a quien lo quiera ceder esos derechos a otros sin generar un beneficio económico a un tercero”. Es la tasa Google, que ha resultado en que España es el primer país en el que la empresa va a dar de baja su servicio de agregación de noticias. 

La Ley de Transparencia no contribuye a mejorar la situación, pues “ha sido considerada insuficiente por la Comisión Europea, y no reconoce el derecho a la información como fundamental”. Si la transparencia del Estado es un principio esencial, más “en un momento como este que vive España, en el que cuesta difundir información sobre las instituciones”. Si tenemos en cuenta, además, cómo surgen los casos de corrupción. “lo lógico sería que ya que hay una nueva ley de transparencia, esta sería más sólida y garantista”.

Otro de los motivos que han llevado a crear la PDLI es que consideran que “se está cayendo en un abuso de las figuras jurídicas de la injuria, la calumnia y el derecho al honor, como mecanismo coercitivo para provocar la autocensura”. Desde la plataforma se quieren plantear si los criterios que se utilizan en nuestro país son comparables con los de “aquéllos países en los que queremos vernos reflejados”.

En esta lista de amenazas no falta “el uso discrecional de la publicidad institucional para garantizar la supervivencia de los medios afines, en detrimento de los que no lo son”. Un uso, además, “con una falta de transparencia absoluta, pues tenemos acceso a los pliegos, pero no al reparto”. 

Hay otras cuestiones colaterales, pero que también afectan al derecho de informar, como el llamado “derecho al olvido”, que como señala Pérez Alonso “permite a un buscador, que está en una posición monopolística, desindexar informaciones a petición de una parte, sin preguntar al medio de comunicación”. Es más, cualquier persona puede pedir que se desindexe una información si aparece su nombre en un comentario, y la dirección en la que aparece este es la misma de la información. Lo cual puede llevar, incluso, a que sea el propio interesado el que escriba el comentario para lograr censurar una información. “Eso está pasando”, señala. Las tasas judiciales, que podrían coartar la libertad del ciudadano de reclamar sus derechos, también se tienen en cuenta por parte de la plataforma. 

“Sólo lo que he enumerado, es un conjunto de cuestiones que, cuando las tienes que abordar en una redacción pequeña, con pocos recursos, es inasumible”, señala la presidenta de la PDLI. 

La plataforma celebró el pasado 2 de diciembre, en el salón de actos de la ICAM, el primer “Encuentro sobre activismo, prensa y libertad de información”, con la participación, entre otros, de Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid, el abogado Carlos Sánchez Almeida, o Stéphane M. Grueso, de El Diagonal, además de Virginia Pérez Alonso.

La PDLI ha arrancado con una pequeña ayuda de la Open Society Foundation, pero para seguir adelante y realizar acciones necesitan hacer campañas de micromecenazgo. La PDLI se plantea realizar campañas de información y denuncia, e incluso “en función de cómo estemos de recursos, nos podemos plantear litigar”.

Entre los creadores de la PDLI están el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Unión Progresista de Fiscales o la Comisión Legal Sol. Hay asociaciones profesionales como la Federación de Sindicatos de Periodistas, asociaciones de consumidores como CEACU o la OCU, medios de comunicación como la agencia Disopress, la revista Mongolia, 20minutos o eldiario.es, y profesionales como Mario Tascón, Carlos Sánchez Almeida o Juan Luis Sánchez. La presidenta de la PDLI señala que la plataforma está abierta a que otros medios y profesionales quieran sumarse.

 

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