Diario de Información y Análisis de Intereconomía
NINGÚN PARTIDO SE HA OPUESTO

Importantes Ayuntamientos catalanes modificarán sus concursos eléctricos

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El pulso de Endesa y Gas Natural Fenosa al Ayuntamiento de Barcelona por impugnar el nuevo concurso eléctrico podría ser el punto de partida para que otros Ayuntamientos incluyan la cláusula de la pobreza enérgetica en las condiciones de los pliegos.

El asunto no es baladí, más cuando ambas empresas tienen en balance los ingresos por estas adjudicaciones públicas. CiU, la CUP, Podemos y ERC exigen que se imponga esta nueva cláusula, que evitaría cortes de luz, y que las eléctricas se han negado a firmar, paralizando en el Tribunal  Catalán de Contratos del Sector Público esta adjudicación.

L’Hospitalet, Badalona y Santa Coloma, tres de los ayuntamientos más grandes de Cataluña, tienen que renovar en los próximos meses las adjudicaciones. En Hospitalet gobierna el PSC junto a ICV, por lo que se espera un cláusula de este tipo, mientras que en Santa Coloma está comandado por el PSC con mayoría absoluta. No obstante, la tercera ciudad más habitada de Cataluña, Badalona, está en manos de la marca blanca de Podemos, donde está integrada la CUP, pero con minoría, como pasa actualmente con el Ayuntamiento de Barcelona.

Hasta ahora ningún partido de la oposición de Barcelona se ha opuesto a la nueva cláusula en el contrato público, por lo que es de esperar que se incluya en numerosos ayuntamientos catalanes, y no solo en el Área Metropolitana.

 

En L’Hospitalet, según El Periódico, el contrato actual expira este próximo mes de noviembre, y en la nueva redacción se incluirá la cláusula de obligado cumplimiento, un texto muy similar al de Barcelona y que han impugnado Endesa y Gas Natural Fenosa. El contrato de Barcelona es de 65 millones de euros.

Tanto Endesa como Gas Natural se negaron a aceptar las cláusulas sobre la pobreza energética que estaban en el pliego de condiciones. Ambas compañías presentaron un recurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, dependiente de la Generalitat, para que verifique la adecuación a la ley de las plicas del concurso.

Este tribunal, que es independiente aunque está adscrito a la Generalitat, tiene ahora tres meses para comunicar su resolución definitiva, momento esperado por el resto de Ayuntamientos favorables a esta cláusula.

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