Diario de Información y Análisis de Intereconomía
control de plenos municipales

La Ley LGTB de Cifuentes causa pánico en los ayuntamientos de la comunidad

Juan E. Pflüger
0
comentarios

La polémica ha saltado tras la paralización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La razón, como ya ha explicado La Gaceta, no es otra que la de carecer del informe sobre perspectiva de género, preceptivo y obligatorio en la Comunidad de Madrid tras la promulgación de las leyes LGTB de Cristina Cifuentes. Así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la denuncia presentada por un empresario local que se considera perjudicado por la futura planificación urbana municipal.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, cuyo titular es Carlos Izquierdo Torres, aseguran a este diario que a lo largo del martes y el miércoles se han producido decenas de llamadas para consultar las consecuencias que para la gestión municipal tiene la sentencia del TSJM. De momento no existe un organismo que coordine la aplicación de las dos leyes aprobadas por la administración Cifuentes que están ocasionando estos problemas a los municipios. “La Ley de Protección contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación están implantándose y todavía no existe un organismo que vele por su cumplimiento. De momento, esta consejería está recogiendo las consultas y trasladándolas a las otras consejerías que se vean afectadas”, así explican desde este departamento la improvisación que se vive en el Ejecutivo autonómico de Cifuentes y el desconcierto tras la publicación de la sentencia que paraliza el desarrollo urbano de Boadilla.

La noticia complica aún más la situación de los ayuntamientos madrileños. Como asegura un alcalde a La Gaceta: “no se trata sólo del urbanismo, el problema es que toda decisión adoptada en los plenos municipales debe llevar el correspondiente informe sobre perspectiva de género. La comunidad no ha arbitrado cómo se deben realizar ni ha explicado las implicaciones que puede tener. Al final es imposición pura y dura de un lobby que se está haciendo con un poder que no le corresponde por representación social”. Y continúa explicando que “la situación de los ayuntamientos con mayorías muy inestables que obligan a pactar todas las iniciativas tras la aparición de los nuevos partidos políticos, se complica ahora con esta nueva imposición. Esto convierte los municipios en algo ingobernable”. Y concluye: “no se han dado cuenta de lo que la aprobación de estas leyes supone para la política a pie de calle que es la que hacemos en los pueblos”.

La Gaceta se ha puesto en contacto con varios alcaldes que podrían padecer este tipo de acciones y todos ellos han asegurado que es algo tan novedoso que retrasará meses la introducción del informe sobre perspectiva de género. Del mismo modo, todos ellos piden que sus municipios no sean identificados para evitar sufrir el acoso judicial de las asociaciones LGTB y feministas que podrían complicar el futuro desarrollo de sus poblaciones.

Desde la aprobación de la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, muchos municipios introdujeron la perspectiva de género aplicada a la diferencia de usos del suelo entre hombres y mujeres. Una modificación de los PGOU que se hizo especialmente visible en Andalucía, donde su Consejería de Igualdad se lanzó a realizar todo tipo de encuentros, publicaciones y congresos que pretendían concienciar a urbanistas y miembros de las corporaciones municipales para que aplicasen esa nueva perspectiva.

Ahora, una vez conocida la sentencia del TSJM, los 179 municipios de la comunidad autónoma buscan la manera de solucionar lo que podría convertirse en el problema principal de su planificación urbana.

Como señala uno de los regidores, “no afecta solamente a la capacidad de decidir nuestro futuro urbanismo, afecta a cualquier tipo de decisión que deba adoptarse en el pleno municipal”. Por lo tanto es un claro freno a las políticas municipales a partir de este momento. Es más, como la sentencia del TSJM afecta a los planes ya aprobados, a partir de ahora será posible revertir todos los planes y decisiones aprobadas en pleno después de la primera ley de igualdad, publicada por el Gobierno de José María Aznar en 2003, o al menos desde la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

La explicación de otro de los alcaldes es muy significativa: “el daño no va dirigido solamente a la labor de los ayuntamientos. Perjudica directamente a los habitantes”. Y pone varios ejemplos que ilustran claramente la cuestión “como la ley tiene efecto retroactivo, a partir de ahora cualquier licencia municipal para actividades económicas -la apertura de un bar o de una guardería o de una librería- puede ser invalidada porque la licencia de actividad se está dando con una legislación municipal que no incluyó la perspectiva de género”. Y continúa: puestos en una situación extrema: “¿tienen validez legal las adjudicaciones de viviendas sociales? ¿y las compraventas de casas entre particulares?”.

¿Hacer caja?

Además de los daños económicos que la paralización del urbanismo supone para los ayuntamientos, se encuentran las oportunidades de negocio del lobby LGTBI. Los ayuntamientos se financian, en gran medida, del cobro de tasas que provienen de las licencias de obra, de actividad, plusvalías,…. La paralización o reducción de éstas implicaría una bajada en sus ingresos que van destinados al manteniminto de los servicios públicos municipales: limpieza, seguridad, sanidad, cultura, ocio,…

Pero hay otra vertiente muy importante que alguno de los alcaldes consultado ve clara: “si buscas información de lo que está ocurriendo en los últimos años te encuentras con que han proliferado conferencias, cursos, simposios o congresos de lo que llaman urbanismo inclusivo o con perspectiva de género. En éstos se han ido formando en esta materia supuestos urbanistas que están muy ideologizados y que en un plazo no muy lejano empezarán a ofrecer a los ayuntamientos sus servicios para realizar los informes”. Unos informes que deberán ser costeados por las arcas municipales.

La explicación del alcalde no está alejada de la forma de actuar que la aplicación de las leyes LGTB de Cifuentes ya está implantando en otros ámbitos como la educación, donde serán estos colectivos los que se encargarán de dar los seminarios -adoctrinar- a los niños de Educación Primaria y de ESO en la ideología de género. Una circunstancia que para los centros sostenidos con fondos públicos -enseñanza concertada y pública- se vivirá el próximo curso 2017-2018 tras las experiencias piloto que ya se han desarrollado en el curso actual.

Leer más...

- La imposición urbanística de la ideología de género

- Tumbado un Plan de Ordenación Urbana… por no tener perspectiva de género

 

 

 
Publicidad
Publicidad