Diario de Información y Análisis de Intereconomía
UN FRAUDE DE 3.000 MILLONES DE PESETAS

Los polémicos comportamientos de las empresas dirigidas por Sánchez Galán

Juan E. Pflüger
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Iberdrola se enfrenta a una acusación, realizada por la Fiscalía Anticorrupción, en la que se le acusa de haber alterado el precio de la electricidad en plena ola de frío en 2013. La denuncia, que ha sido admitida a trámite por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, explica que la compañía, dirigida por Ignacio Sánchez Galán, habría cometido un “delito contra el mercado y los consumidores” que está recogido en el artículo 281 del código penal.

Esta forma de actuar no es nueva en una empresa dirigida por Sánchez Galán. En el año 1999 era Consejero Delagado de Airtel, el segundo operador de telefonía de España en aquella época. La compañía fue investigada por la Guardia Civil por una mala práctica contra Amena, la compañía de móviles de Retevisión. Airtel manipuló tarjetas telefónicas de Amena y colapsó sus líneas. Además, adquirió gracias a la colaboración de los distribuidores mayoristas, 60.000 teléfonos móviles con tarjetas prepago de Amena. Con los terminales se realizó la primera parte del fraude: fueron liberados y revendidos en el mercado negro, en Portugal y en Marruecos.

Pero el grueso de la estafa se realizó con el uso que se dio a las tarjetas que habían sido extraídas de esos terminales. Con ellas se realizaron, previa manipulación, cientos de miles de llamadas con cargo al saldo de las mismas. Estas llamadas colapsaron las líneas que Amena tenía alquiladas a la propia Airtel en la zona sur de España. Un alquiler que suponía a Airtel el cobro al otro operador de un canon que, enfunción del horario, oscilaba entre las 40 y las 130 pesetas.

Amena cuantificó el total de pérdidas que le generó Airtel en 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros).

Además, la saturación continúada de las líneas supuso que varios miles de usuarios de Amena se dieran de baja de la compañía, aumentando el coste para la víctima del engaño.

Para compensar las pérdidas calculadas por Retevisión Móviles, propietaria de Amena, y evitar la acción de responsabilidad civil subsidiaria contra Airtel, ésta indemnizó a la perjudicada.

Como responsables del fraude cometido, la Guardia Civil señaló a cuatro directivos de la sede de Airtel en Sevilla y a un experto informático de Huelva. La velocidad con la que Airtel indemnizó a Amena -se cerró todo en menos de un año- no permitió que se investigase si los cinco acusados actuaron por decisión propia o si lo hicieron siguiendo instrucciones de la propia compañía y de su junta directiva, al frente de la cual estaba Ignacio Sánchez Galán.

El empresario se enfrenta ahora a otra denuncia por una práctica de dudosa legalidad, a juzgar por la Fiscalía Anticorrupción, con la diferencia de que en 1999 los perjudicados fueron sus rivales empresariales, y en 2013 fueron los consumidores y clientes.  

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