Diario de Información y Análisis de Intereconomía
‘The Economist’ se hace eco

Las multas lingüísticas en Cataluña, una vergüenza internacional

La publicación británica alerta de que en lo que va de año "casi un centenar de empresas han sido sancionadas" por no rotular en catalán.

R. M.
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El intento de internacionalización del procés y de tranquilizar a los inversores por parte de Carles Puigdemont en su reciente visita a Londres, donde  no logró verse con ningún miembro del Gobierno británico, tampoco ha convencido al prestigio The Economist

El diario lanzó este lunes, en la sección de Europa de su edición online, una información crítica con la política lingüística de la Generalitat y las sanciones por no rotular o no tener toda la información corporativa en catalán. Bajo el título En Barcelona, hazlo en catalán o paga la multa advierte de que el "secesionismo catalán está tomando medidas enérgicas contra las empresas que rotulan sólo en español", que se enfrentan a multas de miles de euros.

Informa de que en 2014, un total de 57 empresarios catalanes recibieron una penalización económica en este sentido por un valor total de 51.300 euros. Una cifra que subió hasta las 68 empresas el año pasado, mientras que en lo que llevamos de 2016, "casi un centenar han sido ya sancionadas".

Recoge, por ejemplo, la denuncia de Ángel Centeno, el propietario de una agencia inmobiliaria de Barcelona sobre quien recayó una multa de 1.000 euros por tener el rótulo únicamente en español. También se hace eco de caso de Rafael Moreno, que tiene una empresa de muebles, a quien la Generalitat le impuso una sanción de 1.260 euros y "teme que vaya a embargarle la cuenta". Sin embargo, tal y como señala el digital, Moreno prefiere que ese montante le sea embargado a reemplazar toda la rotulación, que le costaría en torno a 18.000 euros.

El rotativo también se hace eco de los llamados ‘chivatos lingüísticos’, anónimos que denuncian a los comercios por no rotular en catalán, como es el caso de Roger Seuba, un bibliotecario patriótico, que afirmó haber denunciado a unas 5.000 mercantiles. Asimismo, avisa de los actos vandálicos que se perpretan contra estas empresas, a las que les revientan los cristales o son marcadas con pintura.

PP y Ciudadanos han denunciado que el código de consumo de la Generalitat viola la libertad de expresión, tal y como señala ‘The Economist’, que apunta que la Generalitat defiende la norma como una medida para "preservar la lengua". "Las multas lingüísticas consagran el derecho fundamental de los consumidores catalanes de poder utilizar y ser atendidos en su propia lengua", ha afirmado al diario británico la directora de la Agència de Consum de Catalunya, Montserrat Ribera.

Por su parte, el digital recuerda la cooficialiadad del catalán y el castellano y que en 2010 una sentencia dictaminó que la imposición de cualquiera de los idiomas en las empresas privadas viola la Constitución. También, que el TSJC anuló la orden de atender a los usuarios en catalán, y que es el ciudadano quien elige el idioma, pero que la Generalitat hace caso omiso y mantiene las sanciones.

Así las cosas, concluye afirmando que “obligar a las empresas a traducir cada comunicación pública a un idioma local con unos pocos millones de habitantes puede ampliar su atractivo para algunos, mientras que para otros tiene el efecto contrario”.

Para la información, ‘The Economist’ ha entrevistado a Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, una de las plataformas que lucha por hacer prevalecer la Constitución y las leyes frente al nacionalismo catalán.

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