Diario de Información y Análisis de Intereconomía
En Calafell (Tarragona)

Unos propietarios, a la calle tras la denuncia de sus 'okupas'

Un nuevo conflicto por una vivienda vuelve a evidenciar que en España muchas familias son prisioneras de un sistema que protege la ocupación.

La Gaceta
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Un nuevo conflicto por una vivienda vuelve a evidenciar que en España muchas familias son prisioneras de un sistema que protege la ocupación. Este caso afecta a un matrimonio con seis hijos que no quiere abandonar la vivienda -anteriormente propiedad de un banco- en Calafell (Tarragona) que 'okupó' hace tres años y que está vendida.

Según han explicado, el padre trabaja pero siguen sin poder llegar a fin de mes y no se pueden permitir un alquiler. El banco vendió la casa hace un mes y medio, y los nuevos propietarios, que quieren ir a vivir allí, les han pedido que se vayan. Ellos se niegan.

La pareja que ha comprado la casa entró el pasado jueves en la vivienda aprovechando que no había nadie y cambió la cerradura. La familia 'okupa' llamó a los Mossos que obligaron a los propietarios a desalojar el edificio puesto que los inquilinos -ilegales- les habían denunciado. El propietario ha denunciado que los 'okupas' no han querido llegar a un acuerdo. "Le ofrecimos un piso pagado durante un año, pero siempre buscan excusas. Hemos entrado porque es nuestra casa".

Los propietarios, que antes de comprar la casa hablaron con la familia 'okupa' y llegaron a un acuerdo verbal que ellos no han cumplido, contrataron una empresa especializada para controlar las entradas y salidas de la casa. A raíz de estas acciones, los 'okupas' denunciaron a la entidad por supuestas coacciones. Aseguran que están dispuestos a irse si tienen una alternativa segura. "Esta casa no es para mí, no es mía, no la quiero, pero sí necesito un techo. Mientras no lo tenga no me moveré de aquí, ni yo ni mi familia", han dicho.

El conflicto ha derivado en dos denuncias cruzadas ante los Mossos: los 'okupas' a los propietarios por allanamiento de morada, y éstos a los 'okupas' por ocupación ilegal. El juez deberá ahora decidir las condiciones y la fecha en la que los propietarios podrán entrar a vivir en su casa.

Cabe señalar que alrededor del 90% de los españoles considera que la legislación actual beneficia a los okupas frente a los propietarios, según una encuesta elaborada por el Instituto Sondea para Securitas Direct. El 81,13% de los encuestados dice sentirse desprotegido en el caso de que su vivienda fuera ocupada y el 88,35% exige modificar la ley de manera inmediata. Además, la llamada a Policía es la principal reacción de los españoles ante una ocupación de su vivienda (74,95%). 

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