Diario de Información y Análisis de Intereconomía
'La competencia es de las CCAA'

El Estado se reconoce incapaz de frenar el adoctrinamiento separatista

Rafael Núñez Huesca
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El ministerio de Educación reconoce no poder actuar de oficio frente al proceso de ingeniería social nacionalista viegente desde hace décadas en Cataluña. La voz de alarma la ha dado un sindicato de profesores, y Ciudadanos presiona al Ejecutivo desde el Congreso.

 

Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos, denunciaba en Las Cortes y ante el ministro de Educación que en los libros de texto catalanes “se resalta lo que nos diferencia, se oculta lo que nos une y se presenta a Cataluña como una entidad separada de España, en muchos casos enfrentada. Una nación es una trama de afectos y esos afectos se están diluyendo”. 

La polémica ha surgido como consecuencia del informe que el sindicato catalán de profesores AMES ha elaborado y en el que se analizan los manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de las siete principales editoriales que se distribuyen en Cataluña. La conclusión, después de presentar numerosos ejemplos, es lapidaria: los textos que manejan los alumnos incurren en “planteamientos ideológicos partidistas” y “tendenciosos”

(Mapa de Europa que muestra a Cataluña como una nación distinta de España, en un color diferente)

También José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, confesó hace unos días en el Congreso que reciben presiones para ajustar los contenidos de los textos a los decretos autonómicos. “Este Gobierno comparte algunas de las reflexiones realizadas”, se limitó a decir Méndez de Vigo sobre las denuncias realizadas por Moyano y recogidas por Ciudadanos en el Congreso.

El Gobierno reacciona... a su manera

Ante la pasividad del Estado, Girauta denunció que “aquí no vela nadie para garantizar el rigor de los libros de texto en Cataluña” y anunció el registro de una Proposición no de Ley en la que instará al Ejecutivo a que actúe en Cataluña a través de la Alta Inspección Educativa.

El Gobierno parece haber reaccionado a la presión de Ciudadanos: el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ha pedido a la Alta Inspección un "informe detallado" para comprobar si, tal y como ha constatado AMES, algunos libros de texto catalanes "vulneran la normativa vigente", esto es, adoctrinan en el independentismo. Marín ha advertido de que si en algún libro de texto “se desenfocan los contenidos”, el Estado actuará mediante un "requerimiento para que la comunidad haga alegaciones “y si no lo cumple o no se rectifica, se irá “a través de los juzgados". Va para largo, pues.

El sistema autonómico bloquea cualquier actuación del Ejecutivo

El secretario de Estado, no obstante, ha reconocido que el Gobierno tiene limitado su margen de maniobra al señalar que la competencia está en los profesores, que son los que eligen los libros, y en las CCAA que "permiten esa libertad".

El ministro de Educación asegura que la competencia de supervisar los libros es de las CCAA, mientras que “la función de Educación es subsidaria", en el caso de que no se haya realizado esa función. Así, el Gobierno de España se reconoce maniatado e incapaz de actuar ante un problema nuclear para la continuidad del proyecto nacional y el respeto al marco constitucional. 

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