El desistimiento del Partido Popular en relación con la llamada «reforma Gallardón» en materia de aborto provocado va a producir algunos efectos. El primero y más importante será la permanencia de la ley inicua de 2010, lo que es una pésima noticia. Pésima para todos, pero sobre todo para sus víctimas directas, que serán los cien mil sacrificados anuales cuando estaban empezando a crecer, pues es sabido que, al nacer, ya tenemos recorrido el noventa por ciento de nuestro desarrollo biológico.
Sin embargo, esta renuncia del Gobierno del señor Rajoy puede tener su lado positivo, porque deja al Tribunal Constitucional (TC) sin el pretexto que invocó para desentenderse del recurso que tiene pendiente desde junio de 2010 contra esta ley, y sus ilustres magistrados ya no podrán decir que el retraso sine die su fallo se debe a no incurrir en «injerencia» en el debate político que se abrió cuando Ruiz-Gallardón anunció la reforma que ahora se desvanece. Esta original decisión del TC, que carece de todo soporte legal conocido y sólo hace más patente el sistemático incumplimiento de los plazos a que le obliga la Ley para emitir sentencia, pasó en abril sin apenas reacción de la opinión pública, atontada por la modorra de la Semana Santa. Ahora los magistrados del TC, que dicen tener concluidos todos sus trabajos sobre el recurso, habrán de reunirse, y en una sola sentada votar y publicar su sentencia. Pero es muy dudoso que tengan este destello de decoro, a la vista de la pertinacia con que exhiben su escaso interés en justificar el sueldo que les pagan los ciudadanos; y puestos a evitar «injerencias» en el debate político, pueden volver a invocar lo mismo indefinidamente, ya que siempre habrá alguna circunstancia que podrá interpretarse como causa de «injerencia»: algo parecido a lo que le pasó a Jordi Pujol con la herencia que dijo haber recibido de su difunto padre en Andorra, que nunca encontró el momento de regularizarla ante el Fisco a lo largo de más de treinta años. Habrá que tomarse las cosas del Tribunal Constitucional a broma, porque si hablásemos en serio habría que atribuir a esta importantísima institución muy graves responsabilidades.
Hay quien dice que la razón del desistimiento del Gobierno de enviar al Congreso el proyecto Gallardón es electoral. Se trataría de no crispar la vida interna del PP, que por lo visto está fracturado con esta cuestión, y además los sondeos indican que meterse en este berenjenal sólo tendría resultados electorales negativos. La verdad es que no acabo de entender este discurso, pues no parece muy sensato pensar que los abortistas vayan a precipitarse en tropel a las urnas con la papeleta de Rajoy; más bien este enésimo incumplimiento del programa en materia tan sensible invita a pensar que aumentan las posibilidades de fuga de votantes otrora cautivos, que comprueban que la cuestión del aborto es, para Rajoy y los suyos, una especie de divieso en el trasero en vez de un asunto importante que pone a prueba los principios, de los que el PP parece carecer. Los dirigentes populares sabrán lo que hacen, y los votrantes, también. Los que, con toda seguridad, se van a quedar para siempre sin saber nada serán los sacrificados en nombre de esta ley malvada.
