Resulta doloroso y sorprendente descubrir que una de las grandes ventajas de que disfrutan casi todos los legisladores y gobiernos españoles es la falta de memoria y sentido del derecho de sus ciudadanos, que solo contemplan lo que con carácter inmediato les afecta, y la segunda ventaja con la que cuentan es una total ausencia de adhesión a causas que no les estén perjudicando personalmente en un momento determinado.
Eso ha permitido que se tomen impunemente medidas aleatorias y sin fundamento jurídico serio, que afectan negativamente de forma decisiva a algunos grupos de ciudadanos, medidas que se toman irresponsablemente para resolver problemas inmediatos, vulnerando así en el largo plazo la confianza inversora, que es mucho más importante que cualquier coyuntura de estrecheces fiscales.
Un ejemplo grave y evidente, manifestación clara de esta inseguridad legal y del consiguiente perjuicio que de tal proceder se deriva, se abate sobre los ciudadanos contribuyentes desde hace unos años. Cualquiera que haya adquirido una vivienda bajo un régimen fiscal en el que la venta de la vivienda habitual al cabo de 20 años quedaba exenta del pago de plusvalías, hoy se ve asediado y expoliado fiscalmente por dos leyes posteriores: una de Zapatero, eliminado ese supuesto parcialmente, y la más letal del propio PP, eliminado el coeficiente de abatimiento en el cálculo de las plusvalías a la hora de tributar en la venta de inmuebles.
La medida tiene su lógica recaudatoria, eso no se puede negar, perversa pero la tiene, no son ignorantes quienes la establecieron, lo cual es más grave desde un punto de vista de la fiabilidad de la clase dirigente, pues al ciudadano, cuyo voto se corteja, no se le puede seguir castigando con subidas en el impuesto sobre la renta o el IVA, eso es impopular, los impuestos especiales, estatales y municipales, ya son bastante elevados, los sociedades pueden defenderse. ¿Qué queda entonces para seguir recaudando fondos para mantener este Estado de las Autonomías elefantiásico y benéfico? Muy sencillo habrán pensado: ¿Dónde todo español de renta alta, media o baja, ha acumulado su ahorro durante los últimos 30 años? ¿En la bolsa, en fondos…? No significativamente en España, en este país el ahorro y los patrimonios, mayoritariamente se han invertido en inmobiliaria y con perfecto sentido común, pues por un lado la moneda era débil y la inflación ha sido una constante de ese período. Por tanto donde queda la mayor bolsa de ahorro a disposición del Estado pues ¡Eureka! El patrimonio inmobiliario nacional…
¿Cómo meterle mano a esa bolsa de ahorro? Muy sencillo igualmente, se elevan los impuestos municipales (no desgravables) y sobre todo se gravan de forma irracional las transmisiones y las sucesiones. Consecuencia: nos hacen tributar por el coeficiente inflacionario que nada tiene que ver con un beneficio real.
Una de las características fundamentales de la inflación es que se trata de otro impuesto, el más letal a la larga. Se tributa una vez por el IRPF, una segunda por el IVA, luego por el IBI, las tasas municipales, los de circulación, transmisiones patrimoniales, y demás impuestos especiales, ya que para abonarlos es necesario recurrir a un dinero que ya ha tributado, no quiero apuntar al efecto que el impuesto de sociedades tiene sobre el coste de los productos que a su vez adquieren los ciudadanos, y ahora, ¡añadimos otro impuesto sobre otro impuesto! Un tercer nivel impositivo sobre la misma renta generada por el ahorro durante 30 años: la inflación.
Tal grado de presión fiscal va a llevar al país y a Europa en general, a la parálisis primero, y a la banca rota y miseria a continuación, pues si no compensa ahorrar, invertir, o transmitir a nuestros descendientes el patrimonio acumulado, deja de tener interés toda actividad económica lucrativa. La idea socialista, hoy abrazada parece ser, por todo la “socialdemocracia”, la de que cada uno produzca según su capacidad y reciba según su necesidad, y el estado se encarga de distribuir la riqueza, es una idea utópica que solo ha funcionado en regímenes de tipo conventual, voluntario y religioso, y aún así con cuidado.
Si la mayoría de la población que tiene más de 60 años, que es propietaria de un piso y tiene hijos, fuera absolutamente consciente de este hecho, muy real para aquellos que ya lo están padeciendo, se echarían a la calle con bastante más determinación que los “airados podemitas”, al fin y al cabo hijos de esa generación. Eso no está ocurriendo porque mientras esa situación no le surja individualmente a cada uno, nadie se mueve colectivamente para defender derechos ajenos, nadie se toma la molestia de exigir a sus representantes políticos que corrijan semejante disparate, económico- jurídico, y estos lo saben…
El obligar a ingresar esas plusvalías, para quedar exentos de esa tributación, a los mayores de 65 años cuando enajenan su vivienda habitual, en un fondo o seguro vitalicio, y no más de 240.000€ no es más que una nueva tomadura de pelo para seguir dando licencia a determinadas instituciones a que sigan lucrándose con nuestros ahorros. Lo honesto, serio y justo sería que se respetase la voluntad de la persona y que esta meta su dinero como y donde quiera, ¡que para eso ya ha pagado todo lo que le corresponde!
Si a alguien le quedaban dudas, no tiene más que repasar la propuesta de revisar las valoraciones catastrales de las viviendas a principios de año. Si fuera una revisión que hiciera honor a la realidad, lo que tendrían que hacer es reducir tales valoraciones ya que están infladas por la burbuja inmobiliaria, las propiedades han bajado de precio significativamente durante los últimos años ¡esto es algo incuestionable y comprobable! Si la valoración catastral debe reflejar la realidad de mercado con una reducción proporcional las valoraciones actúales son un escándalo de sobrevaloración… ¡Aún pretenden subirlas descaradamente para recaudar más! Si lógicamente los ayuntamientos requieren financiación, pues asumen una serie de servicios de cara al público a su nivel, esos gastos se los ahorra el Estado. En el sistema tributario español (no así en otros, donde los impuestos locales son muy altos en proporción a los nuestros pero entonces los estatales son menores. Al contribuyente lo que le afecta directamente es la tributación total, no le importa como se la distribuye el Estado) con lo cual deberían ser al menos deducibles directamente en la renta, como un impuesto más ya abonado.
Pero, sobre todo, para ver cuáles son de verdad sus necesidades financieras, las autoridades locales deben redimensionarse a un nivel responsable ya que no son “mini estados” que es en lo que se convirtieron tras la inflación de la burbuja merced a los beneficios obtenidos a través de las recalificaciones de solares y licencias, lo primero reducir personal y gastos locales y luego ver si con una contribución razonable se pueden mantener aquellos servicios esenciales que son propios y consustanciales de un municipio: la limpieza, saneamiento, orden y seguridad, control del urbanismo etc.…no otros servicios como mantener simposios y conferencias, empresas municipales de ¿fomento al desarrollo? o gabinetes psicológicos, clases de idiomas o de cualquier actividad lúdica, conservatorios o centros culturales, festivales, subvenciones al tercer mundo y otra serie de actividades, loables sin duda, pero fuera de su contexto. Instrumentos de captación y corrupción al servicio de las clases políticas locales.
No es con estas políticas con las que se le devuelve la confianza y el interés al ciudadano, mientras eso no ocurra, no hay recuperación económica real posible. Estamos solo ante espejismos monetarios.
