Está España muy revuelta con la lista Falciani y el trato fiscal a los que aparecen en ella y con contribuyentes españoles. Como en el caso de la familia cántabra, los afectados por el CD del empleado desleal de HSBC (ahora compañero de viaje de Podemos) fue: “regularice pagando un 10% de lo defraudado”. En el caso Botín fueron 211 millones para regularizar 2.000 millones y su dinero suizo en el HBSC será legal en España. Hacienda, en su descargo, barajaba un posible fracaso judicial si los afectados reprochaban los mecanismos de obtención de la información. A ustedes no les harán nunca este trato si defraudan en el IVA 200 euros, sin tener cuentas en Suiza. Son las ventajas del dinero.
Al estado general de cabreo habrá que añadir que el banquero sino que utilizó un entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes con numerosos testaferros para esconder quién estaba detrás de sus cuentas.
Pero es que además en la causa penal del 2011 los Botín nunca llegaron a ser imputados, era técnicamente “denunciados”, pues se archivó tras la constatación por la Agencia Tributaria de que la regularización estaba bien hecha. Y eso que Falciani dice que el Estado español es el que tienen derecho a actuar contra los clientes ocultos de HSBC en Ginebra que el descubrió
El archivo fue del juez Fernando Andreu, el 22 de mayo de 2012.
Otro sí, tanto en el Auto de incoación de 15 de junio de 2011 (Fiscalía anticorrupción) como en el Auto de archivo, se puede apreciar incluso que los Informes de la Inspección Tributaria, que afirman que “…no siendo baladí adelantar, como ya anuncian los declarantes en sus escritos explicativos, que no siempre podrá ser completa y totalmente fehaciente, cuando no escasa e inexistente (sobre todo la relativa al período 1993-2004)”.
El auto de sobreseimiento de la causa también mantiene este supuesto. Da la sensación de que la razón de incoar la causa fue para que no prescribiera el ejercicio 2005, pues el 2004 ya se encontraba prescrito, y es curioso que precisamente no se molestan a aportar nada ni de ese año no de todos los anteriores hasta el origen de la cuenta, parece ser el 1993.
Los Botín estaban en su derecho de no aportar ninguna documentación sobre el período ya prescrito. En un precedente que pueden invocar otros evasores, que tendrían el mismo derecho. Pienso en la familia Pujol.
La no imputación mientras se comprobaban las complementarias tributarias, y la no necesidad de aportar documentación de períodos ya prescritos, que podríamos titular como la doctrina de trato a evasores con los Botín, es lo que la defensa de los Pujol alegan en su recurso de reforma frente al Auto de la magistrada Beatriz Balfagón, por el que se les imputó de delito fiscal. Este no es un país para buenos contribuyentes.
