Declarar a la ministra de Sanidad, Ana Mato, ”partícipe a título lucrativo” por los delitos de su exmarido, el que fuera alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, no va a tener demasiado recorrido penal. Otra cosa es que en la política, Mato pague por ello. Pero recuerden el “gesto” de Mariano Rajoy: “Ana, sabemos por lo que estás pasando”. Lo dijo en público, después de que ella fuera a Moncloa con la dimisión bajo el brazo. Ahora todo ha cambiado y Rajoy la instó a dimitir el miércoles por la tarde.
Pablo Ruz, juez suplente del 5 de la Audiencia Nacional hasta mediados de junio, pudo haberla imputado (todos tenemos en la memoria al juez Castro y la bronca por imputar a Infanta Cristina), sin embargo, no lo ha hecho. Se decide por la ambigua forma de considerarla “partícipe a título lucrativo” de las mordidas recibidas por su ex cuando era alcalde de Pozuelo.
Parece que Ruz no quiere que una imputación lisa y llana llevara al Supremo -tras suplicatorio de Ana Mato- el “caso Gürtel. Eso hubiera sido ir de frente, pero también arriesgarse a perder el caso en favor del Supremo. Por eso, se ha decidido a innovar con eso de: “participe a título lucrtivo”, una calificación penal incomprensible, si no fuera porque en el auto la conmina a designar abogado y procurador. Vamos que en realidad Ruz la convierte en “procesada”, un escalón menor a “imputada”. Y lo hace en el auto de transformación en procedimiento abreviado.
Sin embargo, Ruz corre un grave riesgo. La ministra Mato y sus abogados pueden alegar “indefensión” y a tenor de que Ruz no la ha convocado nunca a declarar, ni como testigo. Es muy probable que la Justicia estimase esta reclamación, a pesar de que en el “caso Gürtel” la sentencia está escrita en las estrellas. El estilo del auto es, respecto de Mato, confuso y truculento (y soy de los que creen que nunca debió ser Ministra). Por encima de eso está tener una Justicia equilibrada y fiable, igual para todos, ministros o ciudadanos.
De nuevo Ruz y sus intransigencias, ponen la causa en riesgos. Por ejemplo, el principal acusado, Francisco Correa, perdió a su abogado [Choclán] porque no podía pagarle la provisión de fondos. Correa dispone de fondos en Suiza trabajados por Ruz que no autorizó liberar una parte para que pueda pagar. Le nombró un abogado de oficio que, en pleno alucine de procedimiento, que renunció. Luego llegó otro abogado de oficio al que Ruz dio “5 días” para presentar un escrito técnico sobre la división del procedimiento en dos. Si no fuera Paco Correa, a cualquier otro ciudadano le admitirían indefensión.
Hasta el juez Castro, en el Caso Nóos, fue más tolerante con el desbloqueo parcial de fondos trabados en el extranjero a Diego Torres, para que pagara a su abogado y procurador. Cosas que demuestran –y eso es muy malo- que ha juicios en los que la justicia se vuelve irrelevante, porque ya se sabe la sentencia, por anticipado. Eso explica que todos los recursos a las decisiones de Pablo Ruz se estrellen contra el muro de una sala de la Audiencia Nacional. A nadie le importa.
