No quiero ni pensar en la República Catalana independiente y qué clase de pandemónium sería, basada en el criterio de autodeterminación y la desobediencia jerárquica. Pero eso es cosa de Artur Mas. Lo que tenemos hoy sobre la mesa de autopsias es la desobediencia “por unanimidad “ de los fiscales de Cataluña (que son nueve) a la orden de su jefe jerárquico, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. El desacuerdo, o la ruptura con los fiscales catalanes no se ha producido por diferencias de criterio sobre decisiones ordinarias de la Justicia, sino en un caso político: la desobediencia de Mas en el 9-N al Constitucional y al Gobierno.
La ruptura debería llevarse por delante al actual Fiscal Jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, como antes ocurrió con el fiscal Martín Rodríguez Sol, que tuvo que presentar la dimisión a Torres-Dulce por sus opiniones políticas exhibidas en el ejercicio de su cargo. Por segunda vez, la dislocada Fiscalía de Cataluña produce problemas al Estado: cruje, o “griñola”, según el idioma. Los fiscales catalanes no aprecian delito alguno en la actuación de los convergentes que mandan en la Generalitat respecto a la “consulta-referendillo” del 9-N. Los fiscales destinados en Madrid, en cambio, si aprecian cuatro delitos en la actuación de Mas, Joana Ortega y la consejera que prestó las escuelas públicas al pseudo-referéndum.
¿Cómo es posible? Pues porque los fiscales catalanes no tienen vocación de mártires y prefieren la ruptura con el amable Torres-Dulce a un enfrentamiento con la dictadura de guante de seda de Mas. ¿Es que no lo entienden? El proceso de abducción y el miedo a enfrentarse con el mono-pensamiento secesionista, no solo afectan a los ciudadanos, sino a los funcionarios, incluso a los altos funcionarios del Estado. Especialmente a ellos y es que CiU lleva 30 años decidiendo de veras quien es el representante del estado, sea fiscal; o delegado de Hacienda; o director del Aeropuerto de El Prat, o Jefe de la Agencia Efe, o de RTVE, incluso Delegado del Gobierno.
El bipartidismo español (PP-PSOE) entregó el Estado a los nacionalistas de Pujol y luego de Mas hace 30 años. El mecanismo de decisión de esos y muchos otros cargos del estado en Cataluña era someter una terna a los nacionalistas quienes –como el César- pulgar abajo se cargaban a los menos afines, de forma inexorable. La consecuencia de ese ejercicio es que los defensores del Estado en Cataluña tienen más sentido de dependencia de los del pulgar que del BOE que les nombra oficialmente. El poder lo han tenido Miquel Roca (antes) o Duran Lleida y Mas, en estos días.
Advierto que cuando Torres-Dulce se decida a meter la querella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde CiU lleva años incorporando magistrados agradecidos, afines, o simplemente temerosos de la “hostilidad previsible”. Los “hijos” de aquellos magistrados que consideraron “exonerable” de la crisis de Banca Catalana a su interprete mayor: antes Honorable Jordi Pujol i Soley. Es lo que hay.
Es “amenaza silenciosa” que sufren algunos en Cataluña por disentir del poder nacionalista. Especialmente cuando arremeten contra sus hombres símbolo [recuerden las campañas contra Mena y Villarejo por el caso Catalana, con manifestaciones incluidas]. El mismo de los “actos de oprobio” del castrismo cubano pero a la catalán. Dos ejemplos: la bala que recibió Albert Rivera, por hacer política contraria a la secesión; o el simulacro de fusilamiento de un edil del PP en Cardedeu. Asuntos que los medios de comunicación catalanes pasaron por alto y que no merecieron el interés del Gobierno de Rajoy Así las cosas, ¿Se les puede exigir a los fiscales un comportamiento heroico? ¿Eso entra en el sueldo?
Es obvio que una querella contra Mas y su Gobierno no puede ser juzgada en Cataluña. La bonhomía de Torres-Dulce ha hecho perder mucho tiempo, una semana y media, ahora tendrá que resolver dos problemas: la querella y la propia “Fiscalía Superior de Catalunya” que es como se autodenomina.
