Han debido calcular mal los tiempos y probablemente Estados Unidos no esté todavía maduro para convertirse en una tiranía maoísta. Es de lo que se están dando cuenta a raíz de la pésima acogida que ha tenido el anuncio de la creación de la Oficina de Gobernanza de Desinformación, dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más conocida como «Ministerio de la Verdad».
La idea de poner fin a la libertad de expresión con la excusa de salvar al pueblo de falsos rumores y opiniones reputadas por odiosas no ha acabado de convencer a un pueblo que, al fin, lleva toda su historia reverenciando su Primera Enmienda.
Y la crítica a la nueva institución abarca ambos partidos, más que nada porque las legislativas están a la vuelta de la esquina y pocos se atreven a presentarse ante sus electores defendiendo la censura (que puede aplicarse agresivamente a la propia campaña).
La respuesta más contundente quizá haya sido la del senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty, en una carta abierta al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, explicando por qué la Oficina de Desinformación es probablemente ilegal.
«Hagerty ha escrito que la oficina podría infringir la Ley Antideficiencia (Antideficiency Act), que dice que el poder ejecutivo no puede gastar dinero a menos que el Congreso lo autorice, y que su creación también puede estar sujeta a la Ley de Revisión del Congreso», leemos en el New York Post .
«Claramente, esta Oficina de Gobernanza de Desinformación del DHS que impone restricciones significativas a los cimientos de los valores y libertades estadounidenses y nuevos costos para el pueblo estadounidense requiere una revisión del Congreso y puede ser una violación de la Ley Antideficiencia”, escribió Hagerty. «El establecimiento de esta junta tendrá un impacto significativo en el derecho a la libertad de expresión de los estadounidenses y afectará numerosas áreas del Gobierno y la sociedad”, agregó. «Cambiará la relación entre el Gobierno y los gobernados ante quienes responde. También aumentará sustancialmente los costos administrativos para la cantidad de diferentes agencias federales involucradas en este esfuerzo, lo que impondrá mayores costos al contribuyente estadounidense».
Pero lo crucial de la carta de Hagerty es que amenaza con emprender acciones legales contra Mayorkas si la oficina infringe la ley y viola las asignaciones del Congreso para la agencia.
“Además, esta acción también puede ser una violación directa de las disposiciones de la Ley Antideficiencia que prohíbe ‘realizar o autorizar un gasto de, o crear o autorizar una obligación en virtud de, cualquier asignación o fondo que supere el monto disponible en la asignación o fondo a menos que lo autorice la ley'», agregó.
«En este caso, parece que la cantidad disponible para esta acción es ‘ninguna’ y que el Congreso la desembolsó explícitamente hace solo unas semanas», continuó. «La Sección 513 de la División F de la Ley de Asignaciones Ómnibus del Año Fiscal 2022 (PL 117-103) prohíbe específicamente que el Secretario de Seguridad Nacional utilice los fondos proporcionados por el Congreso para llevar a cabo la Sección 872 de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, lo que significa que desembolsó cualquier acción para ‘asignar o reasignar funciones entre los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional o para establecer, consolidar o modificar unidades organizacionales dentro del Departamento de Seguridad Nacional'».
«Como sabe, un oficial o empleado, incluido usted, que viole la Ley Antideficiencia ‘estará sujeto a la disciplina administrativa apropiada’ y, por violaciones intencionales, enfrenta una multa penal, prisión o ambos”, continuó Hagerty.
«La carta le pide a Mayorkas que confirme que hará que la junta sea revisable bajo la Ley de Revisión del Congreso y notifique a la oficina de presupuesto de la Casa Blanca si el DHS violó la Ley Antideficiencia”, señaló el Post. Además de Hagerty, otros tres congresistas escribieron cartas a Mayorkas expresando su grave preocupación por la junta del DHS.
