Si hay una tiranía latinoamericana que ha demostrado ser inmune a las sanciones económicas internacionales, definitivamente es la protagonizada por los hermanos Castro en Cuba. Lamentablemente, el embargo de los Estados Unidos -que data de principios de la década de los 60s y que ha tenido momentos de mayor y menor intensidad en cuanto a sus disposiciones- no ha conseguido en 60 años lo que se supone es su fin último: crear las condiciones que funjan de detonante para que el régimen comunista sea apartado del poder.
Las sanciones económicas han venido a convertirse en la manera preponderante que ha utilizado los Estados Unidos en los últimos tiempos para intentar promover cambios en países no democráticos sin emplear el uso de la violencia, es decir, sin tener que apelar al envío de tropas al terreno de los países en conflicto.
Sin embargo, una mirada al medio Oriente y sobre todo a América Latina basta para constatar que este enfoque ha sido insuficiente –por decir lo menos– para abordar el tremendo problema que supone lidiar con autocracias empeñadas en permanecer en el poder cueste lo que cueste.
Las administraciones de gobierno de los EEUU han partido durante los últimos años de la creencia de que imponer sanciones económicas (vetos para realizar negocios, restringir la importación de algunos bienes, impedir el acceso a préstamos, etc.) a regímenes socialistas en Latinoamérica basta para generarle aprietos a los tiranos que allí ejercen poder.
De acuerdo con este supuesto solo restaría dar tiempo al tiempo y esperar que dichos regímenes lleguen a un punto de colapso en el que su situación financiera interna haría prácticamente inviable el hecho de que el tirano de turno se mantenga en el poder.
Además, se cree que ese punto de colapso en las finanzas del régimen generalmente vendrá aparejado del aumento del malestar social, por lo que la presión y la protesta de las poblaciones alzadas en reclamo sería lo que realmente terminaría echando a la calle al régimen autocrático. Esa es, básicamente, la idea general de esta política.
Política que, por cierto, es la que al día de hoy sigue aplicando Joe Biden con casos como el de la propia Cuba, Venezuela y más recientemente, Nicaragua.
En el caso de estos dos últimos países las administraciones de Trump y Biden han optado por combinar sanciones al gobierno como conjunto y sanciones personalizadas contra funcionarios de la cúpula de poder. Al final del día el mensaje es uno solo para quienes forman parte de la camarilla chavista: si abandonan a Maduro y dejan de respaldarle, la justicia norteamericana podría estudiar la posibilidad de revaluar sus sanciones. La política de que cuando te portas mal te toca un garrotazo, mientras que cuando te portas bien te toca una zanahoria.
En el caso de Venezuela, por ejemplo, estas penalidades han tocado al núcleo más cercano de Maduro, como la propia Primera Dama, Cilia Flores, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros. Mientras que, desde un punto de vista de las sanciones al régimen como conjunto, los EEUU han intentado golpear la principal fuente de ingresos oficiales de la tiranía chavista: la exportación de petróleo a los mercados del mundo.
Sin embargo, Maduro ha sido capaz de capear el temporal echando mano de sus alianzas económicas y políticas con el eje del mal integrado por Rusia, China, Irán y la propia Cuba. Además de que ha logrado levantar circuitos de financiamiento que no están inscritos dentro del marco de la legalidad: la explotación minera ilegal en Bolívar (al sur del país) y el establecimiento de Venezuela como una pieza clave en la ruta de la droga que es comercializada en el mundo, al punto de que el propio Departamento de Justicia de EEUU ha señalado a Maduro como la cabeza de una corporación criminal del narcotráfico e incluso ha ofrecido una millonaria recompensa por su cabeza. Eso por dar apenas algunas pistas de un enorme entramado de negocios rojos, o mejor dicho sucios.
En el caso nicaragüense, el approach de EEUU ha sido más o menos el mismo que el aplicado en Venezuela: periódicamente se han actualizado sanciones por rondas en las que paulatinamente han sido incluidos cada vez más funcionarios del régimen sandinista de Daniel Ortega. Las penalidades van desde el congelamiento de bienes y cuentas a estos funcionarios en la nación norteamericana hasta la revocación del visado necesario para entrar a ese país.
Las primeras sanciones del Departamento del Tesoro a la tiranía centroamericana aparecieron en 2018, como respuesta a la criminal represión utilizada por Ortega contra opositores a su régimen, en jornadas que, para aquel momento, habían dejado más de 220 muertos y 1500 heridos como saldo. En junio pasado estas sanciones han alcanzado incluso al entorno familiar más íntimo del propio líder sandinista, cuando su hija Camila Murillo Ortega fue incluida en las listas de penalizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En medio de regímenes que no tienen límites y en donde la disidencia es aplastada inmisericordemente, como ocurre con el Castrismo, el Chavismo y el Sandinismo, el alcance de las sanciones formuladas por la política estadounidense (e incluso a veces acompañada por Europa) parece haberse quedado corto.
Con oposiciones partidistas diezmadas, la solidificación de un aparato represivo policial-militar, la inexistencia de las más mínimas garantías al Estado de Derecho y en ausencia de métodos electorales confiables, estas autocracias pueden hacer literalmente lo que les venga en gana sin pagar prácticamente ninguna consecuencia interna en sus países.
Lo típico, además, ha sido ver a este tipo de regímenes utilizar la bandera de las sanciones internacionales como una herramienta de justificación para la debacle en la que las políticas socialistas centralizadas de la tiranía gobernante sumergen a estos países. La culpa entonces no es de las expropiaciones, los controles de precios y la persecución a la propiedad e iniciativa privadas, sino que la miseria imperante siempre es culpa del “bloqueo yankee”. Este fue el discurso clásico de Fidel Castro por años y ahora lo vocean también Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
Por cierto, esta semana miles de cubanos exiliados han ido a Washington a pedirle a Biden que tome cartas en el asunto. Que vaya más allá del embargo y comprometa a los EEUU en una política más beligerante y agresiva en pos de buscar la libertad del pueblo de Cuba. Aunque se trata de un grito desesperado y comprensible, lamentablemente hay poco por esperar en este sentido. Ni EEUU ni el mundo parecen dispuestos a arriesgar más de lo que ya han arriesgado en el caso de la tiranía castrista.
Venezuela y Nicaragua ofrecen la misma imagen: regímenes empeñados en mantener el poder, protagonizados por tiranos que saben que desde fuera no se prepara ninguna iniciativa real de fuerza contra ellos y que, por tanto, pueden seguir subsistiendo a expensas de la opresión del pueblo que dicen gobernar. En estos casos es claro que las sanciones, aunque inteligentemente diseñadas y quizá implementadas con la mayor de las ganas de que puedan producir cambios, se han revelado como instrumentos insuficientes para torcerle el brazo a las satrapías comunistas en la región.
