La oficina antidrogas de EEUU limita sus acciones en México tras una problemática relación con AMLO

La DEA retirA un avión que LLEVABA décadas operando en el país
Insignia de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos. Reuters

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha dejado de estacionar un avión en México para operaciones antinarcóticos por primera vez en décadas, después de que funcionarios mexicanos les quitaran el espacio de estacionamiento, dijeron tres fuentes.

La medida es un nuevo golpe a la cooperación conjunta contra el narcotráfico, que se ha desgastado en los últimos años bajo la presidencia del mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).  

La DEA ha tenido su propia aeronave en Toluca, cerca de Ciudad de México, al menos desde principios de la década de 1990 para llevar a cabo misiones contra los cárteles, transportando a agentes estadounidenses y a unidades de élite mexicanas para supervisar operativos que deben realizarse con rapidez en la nación latinoamericana.

El avión actual, un King Air de doble turbina con capacidad para unas 10 personas, desempeñó un papel clave en la captura de algunos de los capos de la droga más poderosos del mundo y se utilizó en operativos contra el exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán. También sirvió para maniobras de la DEA en Centroamérica.

De acuerdo con un funcionario del Gobierno estadounidense y dos fuentes de seguridad familiarizadas con el tema, el avión ha sido trasladado a Texas. Los tres pidieron el anonimato por no estar autorizados a hablar del tema.

«Esto hará que las cosas se detengan. No podemos atravesar partes de México, es demasiado peligroso», dijo una de las fuentes de seguridad familiarizadas con las operaciones de la DEA.

El retiro de la aeronave amenaza con socavar los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México y corre el riesgo de retrasar las extradiciones de capos de alto rango.

Este es otro ejemplo de las fisuras en la relación entre la DEA y el gobierno de México desde que López Obrador llegó al poder en 2018 y prometió adoptar un enfoque menos hostil para combatir el crimen organizado.

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