Una portavoz del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid ha sido condenada por haber atentado hace años contra la libertad religiosa. La moza protagonizó un asalto contra una iglesia católica con gritos obscenos y posturas indecentes. Lejos de pedir perdón, la susodicha se envanece ahora con el especioso argumento de que su hazaña era una forma legítima de protesta feminista. Por lo visto, la apología de la blasfemia no está penada por las leyes. Consecuentemente la edil no ha dimitido. Es igual, de haberlo hecho, la alcaldesa no le habría aceptado la renuncia.
El juez ha impuesto a la interfecta una multa de unos pocos miles de euros, el equivalente de un mes de sueldo. Aplaudo la decisión por lo que tiene de simbólica. De haber sido condenada la blasfema con pena de cárcel, la concejala no habría ingresado en prisión y se habría convertido en una heroína.
Me sumo a la iniciativa del presidente de la Liga de los Derechos Humanos, Francisco José Alonso, para abonar el importe de la multa. Añade el hombre una pequeña condición de su decisión altruista. A saber, puesto que se trata de una forma de protesta legítima, la aguerrida portavoz deberá repetir su acción en la mezquita principal de Madrid durante la oración del viernes. Sería una forma de que todos nos quedáramos verdaderamente satisfechos en aras de la transversalidad y el progreso.
