Si veinte años no son nada, dos lo son aún menos y por tanto obviaremos el –feliz para algunos, para otros no tanto– aniversario del triunfo electoral de Mariano Rajoy y del hundimiento del PSOE. Y lo hacemos no porque no nos evoque, que lo hace, sino porque de ello llevan ya, y por extenso, todos los datos en nuestra portada y en la sección de España de nuestra querida LA GACETA. Por un día nos vamos a vender a nosotros mismos y no a los demás. Olé.
Nos sorprende El País, –El País siempre nos sorprende–, con una información, de la que se hacen eco el resto de los medios, entre ellos también nuestro periódico, acerca de un informe interno del Ministerio de Defensa en el que se afirma que “se ha detectado en el Ejército de Tierra… la existencia de personal con indicios claros de radicalismo ideológico, religioso o delictivo”. Ello vendría a suponer que los responsables de las unidades en cuestión podrían llegar a restringir el acceso a determinados niveles de información a elementos considerados sospechosos; considerados por sus mandos, se entiende…
Llegados a este punto yo me pregunto cuál es el criterio para considerar el perfil de un indivíduo como atípico, y cuál es el umbral a partir del que deja de ser normal y pasa a ser… especial… y ya puestos, quien coloca, decide y normaliza el listón… y por no aburrirles más, la última: cómo puede variar ese listón en condiciones de presión y temperatura diferentes de las actuales, que, como puede imaginarse, el devenir de los tiempos no mantendrá inmutables. Son preguntas que yo me hago, pero no me presten más atención de la necesaria; tengo el día preguntón. Sin más.
Un diario que nos suscita hoy especial interés es La Razón. Vayamos por partes, que diría un mítico asesino que –según parece– nunca existió. “Rodear el Congreso será multado con hasta 600 mil euros” titula el diario de Francisco Marhuenda. Se trataría de la nueva ley de seguridad ciudadana que penaliza también con mayor dureza los escraches. Cuenta el diario de Marhuenda que el Ministerio del Interior es consciente de la polémica que van a generar estas modificaciones, que incluyen también restricciones de tránsito en la vía pública. ¿Volveremos a los tiempos en los que las reuniones de más de cuatro, un suponer, eran consideradas subversivas por la autoridad gubernativa? Dispérsense, dirán los policías de Fernández Díaz… sobre todo si las concentraciones, o así, se producen en las inmediaciones del domicilio de algún cargo público. No vamos a discutir en esta columna el castigo a los acosos; si acaso, dejaremos constancia de la prisa que se dan los políticos en legislar cuando la tela de juicio les afecta a ellos.
Tela es la que, según nos cuentan al alimón ABC y El Mundo, con facturas por delante, días tras días, semana tras semana, afanaban y no paraban los barandas de UGT. Tanta que la Audiencia Nacional no ha tenido más remedio que abrir diligencias para investigar la financiación del sindicato. La penúltima fueron los cursos de portugués en el Algarve, la última, los de formación en el Caribe. Qué más da… ya no hay límite. La pasta del contribuyente es infinita pero la paciencia de los jueces no. Nos cuenta El Mundo en su edición digital que un juez ha abierto diligencias, tras la denuncia presentada por Manos Limpias, contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el tesorero del sindicato, Antonio Retamino, por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública y apropiación indebida. Ahí queda eso.
Eurico Campano
