La crisis exige el sacrificio purificador de algún estamento administrativo. Lleva tiempo anunciándose: algo hay que cargarse, y rapidito. Lo pide el pueblo soberano, que apunta sus pulgares al suelo. Parece que las diputaciones provinciales tienen todas las papeletas. Así lo anuncian en sus programas las nuevas formaciones, Ciudadanos y Podemos, llamadas a un papel protagonista en los trascendentales cambios que se avecinan.
La división provincial de España, bocetada en las Cortes de Cádiz, tomó forma definitiva en 1833 de la mano de Javier de Burgos. Hoy, dos siglos después, sigue sorprendentemente intacta.
Las llamadas Comunidades Autónomas cuentan con apenas treinta y cinco años, pero son aquellas y no estas las que corren el riesgo de desaparecer. Las duplicidades, dicen. Y el despilfarro, el nepotismo, las corruptelas, etcétera, etcétera. Pecados, por lo visto, exclusivos del ámbito provincial. Sea como fuere, serán las diputaciones provinciales y no las comunidades autónomas las que se pongan sobre la mesa en el cada vez más próximo proyecto constituyente.
El nacionalismo catalán también abominan de las diputaciones provinciales. Y no por considerarlas una imposición castellana y, en el caso de Cataluña, artificial, que también; rechazan la división provincial en tanto que división de su territorio. Y si acaso ha de existir una instancia administrativa intermedia entre la Generalidad y los ayuntamientos, mejor muchas que pocas. Muchas minúsculas y dóciles antes que pocas pero grandes e incómodas (tal es el motivo que mueve al nacionalismo a la creación de las llamadas veguerías, hasta ocho nuevas y diminutas unidades administrativas que sustituirían a las cuatro actuales).
La supresión de las diputaciones provinciales, por tanto, fortalecería a las comunidades autónomas, que asumirían la mayor parte de sus competencias y que, casi ya desparecido el Estado de sus territorios, gozarían prácticamente de un poder omnímodo.
Así las cosas, la Generalidad nacionalista, liberada de tener que descentralizar hacia abajo, se convertiría, de facto, en el territorio cuasi soberano que ahora es, sólo que unitario y centralizado. Y a ver quién les tose.
