Mañana, lunes 6 de febrero de 2017, la ciudad de Barcelona volverá a vivir una nueva jornada de coacción al poder judicial en defensa de quien en su momento fuera máxima autoridad del Estado en tal región, Arturo Mas, quien deberá comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, junto a las exconsejeras Ortega y Rigau, todos ellos acusados por delitos relacionados con la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014.
Un importante despliegue de las televisiones alimentadas por el gobierno catalán ofrecerá, probablemente, el ceremonioso y victimista paseíllo de la sediciosa terna, que se abrirá paso entre una multitud de fieles cuya cifra, si hemos de creer a otra terminal del catalanismo, la Asamblea Nacional de Cataluña, se aproximará a los 30.000 individuos marcados por una hispanofobia administrada desde la más tierna infancia en las aulas dejadas de la mano del Estado. En el límite del fanatismo, hay quien ha sugerido que la provinciana turba, desplazada a la Ciudad Condal en 120 autobuses, pudiera incluso impedir que los citados accedieran a las dependencias judiciales, posibilidad ya apuntada por Cataluña Radio hace meses, cuando lanzó una encuesta en Twitter para saber si sus fieles oyentes estarían dispuestos a impedir «físicamente» que se celebrara el juicio. La iniciativa no es nueva, pues Cataluña es desde hace años escenario de cadenas humanas cuya tensión ha producido una grave fractura social, si bien, nunca se había planteado un bloqueo institucional semejante.
Así las cosas, todo parece indicar que el Tribunal se verá asediado, recordando lo ocurrido en Madrid bajo el lema «Rodea el Congreso», cuando los bloqueados no eran los jueces sino los miembros electos de la partitocracia española, confinados tras los leones de la Carrera de san Jerónimo. Seguro en tal asedio, Pablo Manuel Iglesias Turrión, lanzaba guiños al exterior. Al cabo, en consonancia con su personalísima percepción de la realidad, él se hallaba poco menos que bilocado, dentro y fuera a la vez. Simple herramienta de «la gente», es decir, de sus votantes, Iglesias, adalid de la decencia, ocupa un escaño para dar voz a los sin voz, para dar cauce a la verdadera democracia secuestrada en ese mismo edificio. Cómodo durante el asedio congresil, es lógico que quien ahora se disputa la cúspide piramidal de Podemos con su amigo Íñigo (Errejón), en compañía, entre otros, de su tocayo Pablo (Echenique) y de novia Irene (Montero), no es de extrañar que Iglesias se haya puesto también del lado de los hostigadores de Barcelona, máxime después de que desde el Gobierno se haya filtrado la posibilidad del empleo de «medidas coercitivas» para impedir la repetición de un nuevo 9-N. Repare el lector en el hecho de que el Gobierno que en su día, por boca del mismísimo Rajoy dijo que no se había celebrado la consulta, habla ahora de repetición…
En este contexto, Iglesias, solemne y grave, ha manifestado que tales medidas constituyen una «barbaridad», motivo por el cual ha llamado a la movilización en las calles, situándose, al igual que la Colau, como aliado objetivo de quienes han saqueado durante décadas las arcas públicas, corrompiendo ideológicamente hasta extremos indecibles a la sociedad catalana.
Siempre al servicio de una idea absurda como la de la «nación de naciones» de envoltura federalizante que humedecía los sueños políticos de Zapatero de la misma forma que lo hace con el resucitado Pedro Sánchez, Iglesias siente pavor por la
simple insinuación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite la asunción por parte del Gobierno, de determinadas competencia autonómicas cuya gestión por parte de los gobiernos regionales nos ha llevado a la distáxica situación actual.
La cuestión no es en absoluto novedosa, pues el líder morado ha exhibido en numerosas ocasiones su rechazo a la unidad nacional, que identifica paulovianamente con el franquismo, con una guerra civil de la que, a pesar de haber nacido en 1978, se siente perdedor. Lastrado por semejantes prejuicios, Iglesias se ha mostrado firme partidario de la balcanización de España, empleando para ello las urnas y las movilizaciones que llama populares. En definitiva, el político profesional madrileño, no es sino un rigorista de la ideología en la que se sustenta el régimen del 78, de un estado autonómico de objetivos no sólo federales, sino incluso confederales. Aferrado a esa oscura certeza, la de unas naciones eternas que deben sacudirse el yugo español, el podemita trabaja al servicio de las oligarquías y redes clientelares autonómicas, dando siempre un paso más en el vaciamiento de poder del Estado y apuntando a una solución para el problema territorial: las consultas de autodeterminación para cualquier región previamente encajada en el sistema autonómico, en las junturas naturales diseñadas durante el tardofranquismo. Un as se oculta, no obstante, en la arremangada camisa de Iglesias, un recurso relacionado con el culto a su propia personalidad: una vez colocadas las urnas, los consultados no abandonarían una España por él dirigida, incapaces de resistirse a su magnética seducción.
