El famoso 9 de Noviembre está a las puertas. El Gobierno de la Generalidad parece que se enroca y da la cara como organizador y responsable final de la consulta. Mas se pone en la diana buscando probablemente el protagonismo de un martirio jurídico. Podría ser imputado y hasta inhabilitado pero dejaría el pabellón de Convergencia muy alto para poder ganar una elecciones que hoy tiene claramente perdidas. El Gobierno central, nunca llueve a gusto de todos, ha actuado con inteligencia impugnando ambos modelos de referéndum encubierto y sobre todo alertando a los directores de centros y a los alcaldes y concejales de lo ilegal de dar soporte logístico a la consulta. El TC, al tomar en consideración ambas impugnaciones, y el Tribunal Supremo, al no aceptar el recurso contencioso administrativo de la Generalidad en favor de anular la impugnación del Gobierno central, han dejado las cosas jurídicamente cerradas: la consulta es ilegal. El personal ‘público’ está perfectamente alertado del riesgo procesal en el que puede incurrir.
La cuestión ahora nos remite al día 9. Muchas mesas, muchos votos, tendrán una lectura muy distinta a pocas mesas, pocos votos y ahí está la clave. Menos me importa la variable del resultado, es bien predecible, aunque también cuenta. Del éxito al fracaso solo van un puñado generoso de votos. A partir de ahí, y salga lo que salga, los dos Gobiernos tendrán la palabra y su fuerza dependerá una vez más del número de votos.
Cuestión distinta es que los ciudadanos partidarios de acatar la ilegalidad de la consulta tomen la iniciativa solos u organizados y, de la misma manera que los promotores de saltarse la ley, Ómnium Cultural y la ANC, no han parado de realizar acciones a todas horas, aquellos se dediquen por ejemplo a denunciar ante el juzgado de guardia a todo ayuntamiento, centro docente o cualquier local público que abra para que los ciudadanos en contra de la legalidad, depositen su voto. Si esto ocurriera, que puede ocurrir, la cuestión ya no se movería entre gobiernos sino que dependería de la justicia, con lo que eso implica.
No entiendo nada. A pesar de su ilegalidad, el día 9 en Cataluña se producirá la consulta. ¿Estamos ahora ante una batalla de egos o se trata de aceptar una vía de escape para que no haya ni vencedores ni vencidos? ¿Alguien me lo explica?
