Los de Crimea quieren mayoritariamente ser pro rusos –que no exactamente súbditos de Moscú- y han organizado un referéndum para dar legitimidad democrática a su opción. Aquí, donde todo lo miramos desde el punto de vista de nuestro propio ombligo, numerosas voces se han apresurado a advertir de que ojo, ojo, que esto es como lo que quiere Cataluña. Porque, claro, ¿no quiere Mas un referéndum para separarse de España? Pues lo de Crimea es lo mismo, ¿no? Y ahí tenemos a una nutrida legión de analistas anatemizando el referéndum de Crimea por ilegal y anticonstitucional.

A bote pronto, el razonamiento parece impecable. Pero no.

Primero: no tiene mucho sentido clamar por la legalidad vigente en el caso de un referéndum cuando, previamente, se ha machacado esa misma legalidad en nombre de la democracia. Recordemos los hechos: la opinión pública occidental, muy mayoritariamente, ha avalado el motín popular que ha llevado al derrocamiento y exilio de un presidente democráticamente electo y legalmente elevado al cargo. En nombre de la democracia de la calle se ha apoyado el quebrantamiento del orden legal. ¿Y ahora invocaremos ese orden legal, antes desdeñado, para condenar un referéndum que representa asimismo una ruptura de la ley? ¿Con qué títulos?

Segundo: no tiene mucho sentido clamar por el respeto del derecho internacional y las fronteras de los Estados legalmente reconocidos cuando, previamente, se ha violado de manera flagrante ese mismo derecho, y aquí volvemos al asunto del Kosovo de 1999, que es el pecado original de Occidente en su política hacia Europa del este. Cuando la crisis del Kosovo, Occidente invocó el “derecho de un pueblo” –la población albano-kosovar- para desmembrar Serbia, que era un estado formalmente reconocido por todas las instituciones internacionales. ¿Era legítimo desmembrar Serbia ayer y sería ilegítimo desmembrar Ucrania hoy? ¿Por qué?

Tercero y sobre todo, y a propósito de las comparaciones con el caso español: en la vida política real no hay problemas universales ni circunstancias generales, sino que todos los problemas son singulares y todas las circunstancias son concretas, porque la cantidad de factores que influyen en cada caso es tan numerosa, y tan diversa su condición, que hablar de casos universales es simplemente una sandez. Cataluña no es Crimea, como tampoco es Croacia, Estonia, Kosovo o Escocia, que fueron en su día otros de los ejemplos con los que se trató de establecer un paralelismo. Cataluña es Cataluña. Y España es España.

Puede entenderse la preocupación, bien intencionada, de quienes temen que cualquier precarización del derecho internacional común disuelva los perfiles de los Estados y, por esa vía, coadyuve a los separatistas españoles. Vale. Pero, en ese caso, el referéndum de Crimea no es un buen ejemplo. Incluso puede entenderse al revés. En efecto, imaginemos el siguiente escenario: los gobiernos autónomos vasco o catalán, aupados sobre una mayoría nacionalista, sobre su hegemonía mediática y sobre su (asfixiante) control de la vida social, deciden apartarse de la ley y, en nombre de la democracia, se proclaman estados independientes; pero la diputación de Álava o la veguería de Tortosa, por ejemplo, no están de acuerdo y convocan un referéndum para seguir siendo España. ¿Quién tiene mejor razón? El referéndum en Álava o en Tortosa no se ajustaría a la legalidad vigente, pero ¿quién ha roto antes la legalidad?

Lo que ha pasado en Ucrania, insistamos una y mil veces, es que un motín popular ha derrocado a un gobierno legítimo. Los amotinados tenían sus razones, y son muy respetables. El Gobierno Yanukovich, también, y no lo son menos. En uno y otro caso, su error ha sido no saber gestionar la dualidad consustancial al estado ucraniano. A partir de ese momento, la legalidad ha quedado rota. El nuevo Gobierno de Kiev ha impuesto la ley de sólo una parte. ¿Es justo exigir que la otra parte permanezca pasiva?

 

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