Durante su intervención en la última CPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, organizada cada año por la Unión Conservadora de los Estados Unidos, Donald Trump sostuvo que en el año y cuarto que apenas ha transcurrido desde que Joe Biden accediese a la Casa Blanca, entre 10 y 12 millones de inmigrantes han entrado de manera ilegal en el país y se han repartido a lo largo y ancho de su geografía. El dato, que se vio eclipsado por otros titulares dejados aquel día por el 45º presidente, es relevante en términos sociales, políticos e históricos a escala nacional y, más que eso, da una idea del impacto demoledor que este proceso tiene sobre la convivencia en comunidades de la frontera sur.
Kamala Harris, en un viaje oficial a Centroamérica cuando aún hacía pocos meses que detentaba la vicepresidencia dijo públicamente en Guatemala que los Estados Unidos no están preparados para acoger más inmigración irregular, que no lo intenten, que no se arriesguen a atravesar la selva y el desierto, todo México de sur a norte a merced de las mafias, porque no iban a cruzar la última frontera sin papeles. Es cierto que durante años defendió exactamente lo contrario, con el consecuente y buscado efecto llamada. También es verdad que su peso político y mediático avanza imparable de la omnipresencia a la insignificancia. Ni teniendo todo a favor logra remontar un declive de popularidad sin precedentes en la política de Washington.
A pesar de los esfuerzos por desviar la atención del Partido Demócrata y los medios de comunicación afines, los mismos que se afanan en manufacturar una imagen de Harris ajena por completo a la realidad, el día a día en el sur de Texas o Nuevo México se hace más difícil según pasa el tiempo. En la otra orilla del Río Grande el fenómeno es de igual manera evidente, dramático y creciente. En las últimas dos semanas, más de 60.000 personas permanecen acampadas en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera con la ciudad texana de El Paso. Una congregación que multiplica por cuatro la de hace un mes, cuando los que esperaban para intentar cruzar se contaban por 15.000.
A lo largo del primer tercio del año, los agentes de la Patrulla Fronteriza retuvieron a más de 94.000 inmigrantes ilegales en esa zona, frente a los 63.000 arrestados durante el mismo período de 2021. Algunos días, las fuerzas de seguridad detienen a más de 1.000 personas en el proceso de atravesar el límite entre ambos países y, por norma, transfieren entre cuatro centenares y medio millar a organizaciones no gubernamentales que les liberan tras darles una primera atención básica. A veces, los mismos agentes les dejan en la estación de autobuses.
El cariz insostenible del escenario explica el mensaje de Harris en Guatemala y adelanta una previsión que no pasa precisamente por una menor intensidad del flujo migratorio, sino todo lo contrario. Se espera que la futura eliminación del llamado Título 42, la ordenanza de salud pública de emergencia que permite la «expulsión rápida de viajeros no esenciales para frenar la expansión del virus», duplique los números actuales. Por fortuna, para la propaganda demócrata de cara a las elecciones de noviembre, un juez ha paralizado por ahora el levantamiento de la medida.
También pone de su parte el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, correligionario de Joe Biden. El edil ha rechazado una petición vecinal de invocar la declaración de desastre local, benéfica para la nación y las víctimas de las mafias y el efecto llamada, ante la posibilidad de que Greg Abbott, el gobernador texano respaldado abiertamente por Donald Trump, envíe a la Guardia Nacional o al Departamento de Seguridad Pública a la frontera y propicie una imagen indeseable para los intereses del Partido Demócrata y sus aliados.
