'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
OTRO GOLPE JUDICIAL AL GOBIERNO DEMÓCRATA

La Corte Suprema de EEUU rechaza la ‘agenda verde’ de la Administración Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden. Reuters (3)
El presidente estadounidense, Joe Biden. Reuters

La Corte Suprema de Estados Unidos está que lo tira, está en racha, ha cogido velocidad y parece decidido a amargarle a los demócratas su control sobre las otras dos ramas del poder. Primero fue la sentencia en el caso Dobbs, que puso fin a medio siglo de «derecho constitucional» al aborto, lo que ha llevado ya a siete estados a prohibir o restringir al máximo el macabro procedimiento y a otros 19 a anunciar que harán otro tanto. Luego determinó que las restricciones que quiere imponer California a la posesión de armas de fuego (esencialmente, contarle a un funcionario para qué quieres el arma) son inconstitucionales y, por tanto, inválidas. Por último, decidió que un entrenador de fútbol había sido despedido ilegalmente por rezar antes de los partidos. Y ahora este golpe mortal contra la lucha de la administración demócrata por la «agenda verde» y contra el cambio climático.

En breve, la todopoderosa Agencia de Protección Ambiental (EPA) no podrá limitar las emisiones de carbono de las empresas, punto. En una opinión mayoritaria escrita por el presidente del tribunal, John Roberts, los jueces dictaminaron que la EPA carece de competencias en este sentido porque no cuenta con la autorización específica del Congreso para reducir las emisiones. No fue eso lo que estaba previsto cuando se aprobó su fundación en 1970.

Como en el caso del aborto, el fallo no significa que el Gobierno no pueda imponer reducciones, solo que cada vez que quiera hacerlo tendrá que aprobarlo el legislativo.

La opinión de la mayoría en el tribunal explica que «una decisión de tales magnitud y trascendencia corresponde al propio Congreso, o a una agencia que actúe en virtud de una clara delegación por parte del órgano de representación». Y la opinión incluye el escepticismo de los propios jueces de que el Congreso tuviera la intención de delegar la cuestión de «cuánta generación a base de carbón debería haber en las próximas décadas a una agencia administrativa».

Por su parte, la opinión disidente, redactada por la jueza Elena Kagan y a la que se sumaron los otros dos jueces progres de la Corte Suprema cree, que la EPA tiene la autoridad para regular las «fuentes estacionarias» de sustancias contaminantes dañinas para el público, y agrega que frenar la producción de emisiones de gases de efecto invernadero es «una parte necesaria de cualquier enfoque eficaz para abordar el cambio climático». Exactamente el argumento que permitiría cualquier medida liberticida y ruinosa del Gobierno y que, de hecho, ha provocado ya una crisis energética y una inflación como no habían conocido los estadounidenses en muchas décadas.

«Este Tribunal ha obstruido el esfuerzo de la EPA desde el principio», escribió Kagan. «Los límites que la mayoría impone ahora a la autoridad de la EPA van en contra del estatuto que escribió el Congreso».

Todo gira en torno a la interpretación de una ley de 1970 para combatir la contaminación, muchos años antes de que se inventase el apocalipsis climático (de hecho, en esa época el «consenso científico» apuntaba hacia una inevitable glaciación). En concreto, las secciones de la ley creadora de la EPA que facultan a la agencia a limitar las emisiones contaminantes de las centrales eléctricas.

El caso, West Virginia vs EPA, lo presentaron un grupo de fiscales generales republicanos y la industria del carbón. Contaban con el precedente de una propuesta legislativa de Obama, el Plan de Energía Limpia, que pretendía obligar a las centrales a reducir sus emisiones un 32 por ciento para 2030. En 2016, la Corte Suprema ordenó que se suspendiese el proyecto y allí se quedó el asunto.

Los litigantes sostienen que el Plan de Energía Limpia de Obama se echó abajo precisamente por dar a la EPA un poder excesivo y «transformador de la industria».

El fiscal general de Virginia Occidental sostuvo que la ley daba a la EPA un «poder desenfrenado» para emitir reglas para remodelar todo el sector en Estados Unidos y descarbonizar la economía. La EPA solo debería tener una autoridad muy limitada para regular las emisiones dentro del perímetro de las centrales, no para aplicar medidas más amplias en toda la industria, como el comercio de créditos de carbono o la combustión combinada de biomasa.

El fallo no podía llegar en un momento más oportuno, cuando los precios disparados de la energía, sobre todo a la hora de llenar el depósito, quizá sea el principal factor de descontento del ciudadano norteamericano en estos momentos.

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