La revocación de Roe vs Wade devuelve a los estados el poder de legislar sobre el aborto y acaba con casi medio siglo de reconocimiento como derecho constitucional de algo ni siquiera recogido en la ley suprema de Estados Unidos. En palabras del juez Samuel Alito: «La Constitución no hace referencia al aborto, y tal derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional«.
Durante los últimos meses, los legisladores estatales de buena parte del país han redactado normas destinadas a ser efectivas tras la anulación de la doctrina vigente desde 1973 hasta el pasado viernes. Unos, para limitar o ilegalizar por completo el aborto. Otros, para blindar su práctica. El resultado: una amalgama de leyes que refleja la disparidad geográfica respecto a toda cuestión eminentemente moral. Si 26 territorios cuentan entre su jurisprudencia con normas para proteger la vida del no nacido a partir de la resolución del alto tribunal, dieciséis estados y el Distrito de Columbia han establecido mecanismos de defensa legal para la práctica del aborto.
En medio, un grupo de territorios cuya definición dependerá de las elecciones de noviembre —la de casi todos, al fin y al cabo—, en las que se renovarán las cámaras y los gobernadores de treintainueve de los cincuenta estados.
Los 13 estados con leyes desencadenantes
En 13 de ellos existen las llamadas leyes desencadenantes, también conocidas como de activación o de gatillo, diseñadas para entrar en vigor de manera automática o mediante una acción política sencilla una vez eliminado el bloqueo constitucional. En Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur la nueva legislación se ha hecho efectiva de inmediato. Las normas de Idaho, Tennessee y Texas están diseñadas para activarse en treinta días.
En otros, se requiere la firma del fiscal general, el gobernador o demás representantes públicos. Es el caso de Misuri, cuyo fiscal general, Eric Schmitt, certificó la decisión de la Corte Suprema minutos después de su publicación. Como señaló en Twitter, el refrendo hace de su territorio el primer estado «en poner fin de manera efectiva al aborto». «Es un día monumental para la santidad de la vida», agregó. La ley de activación de Arkansas también se hizo efectiva con la rúbrica de la fiscal general Leslie Rutledge.
Antes, en mayo, la legislatura de Oklahoma ya había ilegalizado el aborto en casi todos sus supuestos, como adelantando la decisión de la Corte Suprema.
Estados sin leyes desencadenantes que ilegalizarán el aborto
En cinco estados sin leyes desencadenantes (Alabama, Georgia, Iowa, Ohio y Carolina del Sur) los tribunales bloquearon o anularon normas que prohibían el aborto, aprobadas de manera reciente por las legislaturas. Es de esperar que esas normas entren en vigor durante las próximas semanas.
La cámara de Indiana, si bien no cuenta con una prohibición estricta del aborto redactada previamente, ha solicitado al gobernador Eric Holcomb la celebración de una sesión extraordinaria a principios de julio, en la que previsiblemente se tomarán medidas favorables a la vida del no nacido.
Más claro es el caso de Virginia Occidental, donde los republicanos suelen imponerse en todos los condados elección tras elección. Allí nunca fue derogada la prohibición del aborto anterior a la sentencia de Roe contra Wade, y recientemente se agregó una enmienda constitucional que de manera específica niega que sea trate de un derecho.
Estados donde el futuro del aborto es incierto
Más allá de los 26 estados en los que los poderes públicos abogan por ofrecer a sus habitantes un entorno más propicio para la vida y la natalidad, otros que han mostrado hostilidad hacia el aborto en el pasado no parecen encaminados a su prohibición. En particular, Carolina del Norte, con una legislación provida anterior a 1973 que difícilmente será puesta en práctica durante los próximos meses.
En Pensilvania, Wisconsin y Michigan, donde los gobernadores demócratas han actuado como muros de contención contra la legislación provida aprobada por las cámaras, las midterm supondrán un plebiscito en la práctica. Sus efectos serán similares a los del referéndum formal que celebrará Kansas el próximo mes de agosto, sobre una enmienda constitucional que eliminaría las protecciones provida establecidas por la Corte Suprema territorial.
En Virginia, el gobernador republicano Glenn Youngkin ha anunciado la designación de cuatro legisladores para redactar una norma que prohíba la mayoría de los abortos después de la decimoquinta semana de gestación. Un avance menor comparado con los de otros estados, e igual que los emprendidos recientemente en Florida y Arizona, donde también se ilegalizó la interrupción del embarazo tras ese periodo, lo cual se traduce en que seguirán practicándose al menos más del noventa por ciento de los abortos. Se espera, sin embargo, que las legislaturas de ambos territorios puedan ir más allá en los próximos años.
Estados donde el aborto es legal y seguramente permanezca vigente
Dieciséis estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que reconocen de manera expresa el aborto como un derecho. Algunos, durante los meses previos al fallo de la Corte Suprema, en previsión de lo que finalmente ha ocurrido. En estos territorios, los tribunales lo han protegido a través de lo recogido en las propias constituciones estatales y de decisiones judiciales anteriores.
Nuevo México y Nuevo Hampshire, sin embargo, carecen de esas protecciones explícitas, pero es poco probable que las legislaturas aprueben normas provida. En el otro extremo —en el extremo, simplemente—, Colorado, Nueva Jersey, Oregón y Delaware, el estado de Joe Biden, donde es posible abortar hasta el último día de embarazo.
