El Grupo El Salvador ha asegurado que la operación policial en la que se ha visto inmersa hoy, con registros por parte de agentes de la Policía Nacional y de personal de la Agencia Tributaria en su sede y en varios de sus tanatorios, es fruto de un intento de chantaje que sufrió en 2017 por parte de un extrabajador, que reclamó diversas cantidades económicas a cambio de no revelar determinadas prácticas irregulares que él, supuestamente, habría cometido.
Según, la empresa, ante esta acusación, presentó una denuncia ante la Policía por un posible delito de extorsión que terminó en el Juzgado de lo Penal con una condena al extrabajador, jubilado de la empresa en febrero 2015, como autor de un delito de extorsión a la pena de un año de prisión. La sentencia, según El Salvador, indicaba textualmente que el acusado chantajeó a la empresa, con el objetivo de que fuera mejorada su pensión de jubilación, y sin que en la citada sentencia se determinará actuación irregular alguna por parte de la empresa.
Además, asegura que “las actuaciones judiciales emprendidas en el día de hoy son una pieza separada del anterior procedimiento judicial y fruto de la denuncia interpuesta por el Grupo El Salvador; procedimiento, en el que desde el primer momento, nos hemos personado como acusación particular, con el firme propósito del esclarecimiento de los hechos y depurar responsabilidades, que en su caso, pudieran derivarse”.
Por último, también se resalta que El Salvador siempre “ha mantenido unos rigurosos controles que aseguran y garantizan la total transparencia en los procesos de incineración , con el objetivo de que sus clientes tengan la tranquilidad de que se cumple su voluntad en el servicio que se ofrece”. Además, se asegura que todos los crematorios del Grupo cuentan con salas desde la que los familiares pueden ver cómo el ataúd entra en la zona de cremación.
