El bipartidismo sindical, esto es, CCOO y UGT, mantienen desde hace años las cifras de sus delegados sindicales infladas, lo que favorece su acceso a las subvenciones públicas.
Los representantes de los trabajadores siguen inscritos en el registro oficial del Ministerio de Empleo como delegados de personal o miembros de comités cuando cierra una determinada empresa: son los conocidos como delegados fantasma.
Estos representantes solo dejan de serlo cuando se cumplen cuatro años desde el último proceso electoral sindical de la empresa extinguida, algo que estaría beneficiando a los sindicatos mayoritarios. Algunos sindicatos minoritarios denuncian que CCOO y UGT, de las subvenciones que reciben (74 de los 98 millones repartidos por el Gobierno a los sindicatos en la última década, según El Independiente), reciben más de la que le correspondería debido a los delegados fantasma.
Esta anomalía es admitida por todos los actores implicados, incluido el Ministerio de Empleo, que ya ha recibido quejas de los sindicatos menos representativos. Según recoge Cinco Días, en 2021, CCOO y UGT contaban con el 76% de los delegados, por lo que pertenecerían a ellos unos 28.650 de los delegados fantasma, lo que les reportaría un millón de euros de ingresos que, según los sindicatos minoritarios, están recibiendo de más. La Central Sindical Independiente de Funcionarios eleva la cifra de representantes sin empresa a entre 70.000 y 80.000 y elevan la cantidad recibida de más por CCOO y UGT a más de 2,5 millones de euros.
Un problema que viene de lejos
Esta situación que da ventaja al ‘bipartidismo’ sindical frente al resto de sindicatos se viene denunciando desde hace varios años. En 2010, el diario La Gaceta señaló que, desde 2007, la crisis se había llevado por delante a casi 58.000 empresas de más de seis empleados en nuestro país, dejando casi 50.000 delegados fantasma que seguían figurando como tal a pesar de que su empresa no existía, un dato que benefició a UGT y CCOO a la hora de percibir subvenciones.
En 2016, los dos grandes sindicatos se vieron beneficiados por el mismo motivo. Según La Razón, los falsos delegados suponían el 30% de los 280.000 delegados sindicales; es decir, 82.000. Por estos delegados fantasma, CCOO y UGT habrían recibido cerca de tres millones de euros del bolsillo de los contribuyentes. En 2019, el CSIF cifró en 80.000 los delegados sindicales de empresas inexistentes, el 30,76% del total de los delegados sindicales, un dato por el que los sindicatos mayoritarios se vieron beneficiados con una cuantía similar.
Por ésta y otras prácticas se ha perpetuado el «bipartidismo» que ha hecho hasta ahora imposible la pluralidad sindical en nuestro país. Los sindicatos minoritarios y sectoriales, como CSIF, han solicitado en repetidas ocasiones la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 al entender que favorece a UGT y CCOO y a los de ámbito autonómico. Esta legislación otorga a los principales sindicatos privilegios para su participación en las instituciones, el diálogo social, la promoción de la formación profesional, la seguridad y la salud laboral, la negociación colectiva y la promoción electoral.
