Pide a Jean-Claude Juncker que la Comisión transmita su cercanía y su apoyo a las víctimas de la agresión.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha enviado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una amplia carta en la que desmonta una a una todas las falsedades que la izquierda abertzale ha vertido desde que radicales pertenecientes a la organización Ospa Mugimendua agredieran en octubre del pasado año a dos guardias civiles y a sus novias en la localidad navarra de Alsasua.
La misiva, firmada por la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, viene motivada por un escrito del vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, en respuesta a eurodiputados del PNV, EHBildu, IU y Podemos. En él se afirmaba que la Comisión seguía el caso “con interés” y que actuaría como “guardiana de los Tratados”.
COVITE, que interpuso ante la Audiencia Nacional la denuncia por delitos de terrorismo y de odio contra los agresores, pretende que tanto la versión de las víctimas sobre lo ocurrido como los argumentos de su denuncia “lleguen a las más altas instancias de la Unión Europea para frenar la manipulación que la izquierda abertzale, amparada en otras fuerzas políticas, está haciendo del caso”.
En la carta, la asociación desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de los radicales. Recuerda que la organización a la que pertenecen, Ospa Mugimedua, fue creada al amparo de la campaña de ETA Alde Hemendik! (Fuera de aquí), que persigue la expulsión de las Fuerzas de Seguridad de Navarra y el País Vasco. El colectivo detalla las estrategias de hostigamiento y presión, desde los atentados contra sus hogares hasta su caracterización como “agentes torturadores”.
COVITE se refiere también a las acusaciones de “montaje policial-judicial” y recuerda que la propia Ospa afirmó en un comunicado que los guardias civiles fueron “increpados” y hace referencia a las manifestaciones convocadas en apoyo a los agresores. También relata los insultos que recibieron cuatro miembros del Colectivo de Víctimas que acudieron a Alsasua con pancartas pidiendo que se desterrara el odio del pueblo. Como respuesta, los manifestantes les espetaron gritos como “¡Fascistas!”, “¡Aquí no pintáis nada!”, “¡Asquerosos!”, “¡Fuera de aquí!” e incluso la frase “¡Vete a tu pueblo!” a Concepción Fernández, viuda de un guardia civil asesinado y oriunda de la mencionada localidad Navarra.
En ese contexto, la organización presidida por Consuelo Ordóñez menciona las campañas de odio contra las Fuerzas de Seguridad, jornadas, señalamiento de los lugares donde se practican controles de tráfico, difusión de mensajes incitando al odio y la utilización de niños en la celebración del Ospa Eguna (Día de la Huida).
COVITE incluye imágenes en las que se ve a niños entrando en atracciones donde cuelgan carteles de perros ataviados con un tricornio de la Guardia Civil. También adjunta declaraciones de los padres de una de las chicas agredidas: “Los problemas empezaron desde que mi hija empezó a relacionarse con un guardia civil de Alsasua. Esto es insoportable. Tememos por nuestra integridad física y hemos restringido al máximo nuestras salidas”.
La organización también se hace eco de las acusaciones en torno a la “desproporcionalidad” tras la petición de penas solicitada para los acusados de las agresiones. El colectivo afirma que el Código Penal español es “uno de los más benignos y garantistas de Europa” y explica que, incluso en el caso de que los agresores no fueran acusados de terrorismo, sino de delitos de odio, atentado contra la autoridad, lesiones y amenazas, la petición de penas “sería similar”.
Finalmente, COVITE pide a Juncker que la Comisión “transmita su cercanía y apoyo a las víctimas, que además de las secuelas, siguen padeciendo señalamiento y acoso, y continúan desatendidas por autoridades e instituciones nacionalistas, volcadas en dar voz a los agresores y a su entorno”.
Los abogados de los agresores califican el ataque como ‘una bronca de feria’
Los abogados de los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua han criticado este martes que la Audiencia Nacional no haya admitido casi ninguna de las pruebas que han solicitado para demostrar que no se trata -a su juicio- de un delito de terrorismo, sino de «una bronca de feria por la que aún hay tres encarcelados».
Cuando se cumple un año del ingreso en prisión de los ocho radicales acusados de agredir el 15 de octubre de 2016 a dos agentes y a sus parejas en un bar de la localidad navarra, los seis letrados que les defienden han comparecido para explicar en qué punto está el proceso.
En noviembre de 2016 la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional (AN), Carmen Lamela, ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza por un delito de terrorismo para siete de los detenidos, aunque posteriormente, en diciembre, cuatro de ellos quedaron en libertad.
Permanecen en prisión Adur R.A, Ohian A. y Jokin U. por unos hechos que, según los letrados, «no son terrorismo» y que han calificado como «bronca de bar» o «bronca de feria» y por los que sus clientes se enfrentan a entre 12 y 60 años de prisión (la mayoría a 50).
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