La imposición de la baliza V16 como sustituta obligatoria de los tradicionales triángulos de emergencia se ha convertido en uno de los mayores negocios regulatorios de los últimos años. Sólo en concepto de compra, el volumen económico ronda los 1.500 millones de euros, una cifra que beneficia a fabricantes, distribuidores y al propio Gobierno de Sánchez, que ingresa una parte sustancial vía IVA. A ese reparto hay que sumar un actor que apenas se menciona en el debate público: China, país desde el que proceden muchas de las balizas que se venden en España.
Sin embargo, el foco se ha puesto casi exclusivamente en la compra del dispositivo y no en lo que viene después. El 2 de enero marca el inicio de la obligatoriedad total de las V16 conectadas, pero a partir de esa fecha surge una pregunta clave: quién se hará cargo de garantizar que esas balizas funcionan correctamente.
A diferencia de los triángulos, que podían guardarse en el maletero durante años sin mayor preocupación, la V16 es un dispositivo electrónico. Debe mantener activa la conexión de datos y el sistema de geolocalización durante un periodo mínimo de 12 años, según la normativa. Ese requisito se refiere a la cobertura del servicio, no al estado real del aparato. Nada garantiza que la baliza conserve batería suficiente o que funcione correctamente cuando sea necesaria.
Este escenario ya ha despertado el interés de nuevas empresas. Una compañía alemana del sector de la certificación, propietaria de varias estaciones de ITV en España —seis de ellas en la Comunidad de Madrid—, ha planteado que, al tratarse de un dispositivo de seguridad, su correcto funcionamiento debería comprobarse en cada inspección técnica del vehículo, detalla El Debate.
No es una idea aislada. La misma empresa defendió en el pasado que las ITV certificaran también el estado de los sistemas de ayuda a la conducción, los conocidos ADAS, más allá de la revisión básica obligatoria. El planteamiento abre la puerta a nuevos servicios asociados a la inspección, con el consiguiente coste añadido para los propietarios de vehículos. No se trata, en ningún caso, de comprobaciones gratuitas.
Todo ello se justifica bajo el argumento de la seguridad vial. Sin embargo, ningún dato concluyente avala que el uso de los triángulos supusiera un riesgo generalizado para los conductores. A pesar de ello, han sido retirados del sistema sin un debate real sobre alternativas, mantenimiento o costes a largo plazo.
La baliza V16 se presentó como un avance tecnológico incuestionable. Hoy empieza a perfilarse como un negocio permanente, con gastos recurrentes y nuevos controles obligatorios. Quizá dentro de unos años muchos conductores recuerden con nostalgia aquellos triángulos que no exigían conexión, certificación ni revisiones periódicas. Sólo bastaba con llevarlos limpios y bien colocados en el maletero.
