El Tribunal Supremo (TS) estudia ya los informes de acusaciones —Fiscalía, Abogacía del Estado y VOX— y defensas de cara a fijar cómo afecta la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y al resto de procesados y condenados en la causa del 1-O.

Fuentes jurídicas señalan que el instructor del proceso separatista, el juez Pablo Llarena, y los magistrados de la Sala de lo Penal que juzgaron la causa analizan las alegaciones de las partes y el contenido de la ley para determinar si es aplicable o no a los líderes independentistas encausados en el Supremo.

La instructora de la pieza relativa a ‘Tsunami Democràtic’, la juez Susana Polo, aún tiene pendiente recibir escritos de varias de las partes, toda vez que dio un plazo de 10 días para la presentación de informes, frente a los cinco días que fijaron Llarena y el tribunal del proceso separatista. En el caso de Puigdemont, además, amplió el plazo a petición de su letrado porque no estaba aún personado en el procedimiento.

Llarena y los magistrados examinan, en su mayoría, informes favorables a la aplicación de la norma: la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas han pedido que se amnistíe la desobediencia y la malversación a Puigdemont y al resto de encausados, al entender que los hechos que se les atribuyen están amparados por la ley. También solicitan que se desactiven las órdenes nacionales de busca y captura que pesan sobre ellos.

El Supremo cuenta, sin embargo, con los informes en contra de VOX —que ejerce la acusación popular en la causa del 1-O y en la de ‘Tsunami’— y de Sociedad Civil Catalana —que figura como acusación popular en la causa instruida por Polo—. Ambos han defendido que hubo enriquecimiento por parte de los encausados y que, por ende, no se les puede perdonar la malversación; tampoco ven viable amnistiar el terrorismo.