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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La operación diálogo en Cataluña, el gran fracaso de Soraya

Cuando el presidente del Gobierno otorgó a su número dos la cartera de Administraciones Territoriales también le confió la solución del mayor desafío al que se enfrenta España en los últimos años: la secesión de Cataluña.

Cuentan Gabriela Bustelo y Alejandra Ruiz-Hermosilla en su biografía sobre la vicepresidenta que Rajoy ve a su segunda como una ‘fixer’ (quien todo lo arregla) y que reserva para ella las tareas más complicadas.
Pero Soraya Sáenz de Santamaría ha fracasado. Desde que Rajoy le ‘cargó el muerto’, la cuerda no soporta más tensión y las afrentas y amenazas de los separatistas siguen subiendo de tono.

El despacho en Barcelona

Una de las primeras decisiones de la vicepresidenta fue acondicionar un despacho en la Delegación del Gobierno en Cataluña para su uso y disfrute. Su objetivo siempre ha sido el diálogo. Difiere de las posiciones más contundentes, como las defendidas por García-Margallo, y no quiere ni oír hablar del artículo 155.
Seis meses ha necesitado para darse cuenta de que el diálogo no funciona con quienes quieren destruir España. Invitaciones para presentar su plan separatista en el Congreso de los Diputados, repartos multimillonarios para destinar a infraestructuras, jugosos préstamos del FLA… Ni siquiera afirmar públicamente que recurrir al Tribunal Constitucional el inconstitucional -valga la redundancia- Estatut de Zapatero había sido un error. Nada de eso ha frenado el desafío.
De sobra conocido es el ‘feeling’ de la vicepresidenta con su homólogo regional Oriol Junqueras. Para la posteridad queda ya la foto que encabeza este artículo, en la que aparece una Soraya sonriente bromeando con el líder de ERC.

El fracaso de la ‘operación diálogo’

La misión de Soraya fue apodada como ‘operación diálogo’ y su fin último era evitar el choque de trenes entre el Gobierno central y la Generalitat. Todo esto ha fracasado y buena prueba de ello es lo ocurrido este jueves cuando el consejero de Presidencia, Jordi Turull, ha ordenado impedir la entrada de un grupo de guardias civiles a la sede del Gobierno catalán.
El cese de cuatro consejeros de los denominados autonomistas ha dado paso a cuatro nuevas caras firmemente comprometidas con el ‘procés’ y dispuestas a contravenir cualquier norma con tal de romper España. Ahora, tras la ‘operación diálogo’, ya no hay un solo consejero tímidamente crítico con la secesión en el gabinete de Puigdemont.
También ha dimitido el director de los Mossos, precisamente por no querer romper con la legalidad. Pero la Policía autonómica ya tiene nuevo jefe: Pere Soler, que ha manifestado en Twitter su repulsa a los españoles.
A su vez han caído durante esta ‘operación diálogo’ el consejero Jordi Baiget y el jefe del servicio de ambulancias 112, sin olvidar la llamada al orden a todos aquellos alcaldes y concejales de la antigua CIU que han mostrado sus dudas ante una consulta que quebranta la base del Estado de Derecho.

¿Y ahora qué?

A medida que se acerca el 1 de octubre y que la Generalitat incrementa el tono de su desafío, el Gobierno sigue inmóvil. Repiten una y otra vez que no va a haber referéndum, aunque no explican cómo lo van a impedir. El artículo 155, que la propia Soraya ha calificado de provocación y que sirve para ‘demonizar al Estado’, es impronunciable en Moncloa. Su mantra: ‘aplicaremos la ley’. ¿Cómo? Es toda una incógnita.
«Ese referéndum no se va a celebrar, es un fracaso político de la Generalitat de Cataluña, demuestra que al cerrarse al hablar sólo del referéndum ha perdido muchas oportunidades de diálogo y pongo de ejemplo el no haber acudido a la Conferencia de Presidentes», expresaba la vicepresidenta hace unos días.
Habrá que estar atentos a las próximas semanas. Rajoy deberá decidir si entierra de una vez por todas la fracasada ‘operación diálogo’ o decide atender a sus ministros ‘purgados’, aquellos que pedían contundencia y que perdieron su sillón en el Consejo de Ministros, y aplicar de una vez por todas la ley en Cataluña.
La opinión de José Javier Esparza.
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