El gasto político en España ha sido un problema crónico y creciente desde la implantación del Estado de las Autonomías hace más de cuarenta años. Mientras los ciudadanos españoles esperan que el dinero que contribuyen a las arcas públicas se invierta en mejorar el bienestar y la calidad de vida de las familias del país, continuamente se destinan esos fondos a causas que no benefician directamente a la población.
El incremento del gasto público implica un aumento en la deuda nacional y una mayor carga tributaria para los trabajadores españoles. Estas consecuencias podrían tener justificación económica si el diseño del gasto se tradujera en beneficios tangibles para los ciudadanos, como la mejora de servicios o la satisfacción de sus necesidades reales, y en el adelanto en la calidad de vida en ciudades y pueblos de España.
Sin embargo, cuando el aumento de los fondos públicos no va acompañado de una mejora del bienestar de los españoles reflejado de manera concreta en su vida diaria (viejos y nuevos comercios que prosperan en los barrios, una mayor seguridad en las calles, posibilidad de independizarse para los jóvenes, acceso sencillo a los servicios sanitarios…) entonces es cuando la realidad evidencia que el gasto que se decía público ha pasado a convertirse en gasto político. Es decir, un gasto que está desconectado de la realidad cotidiana de los ciudadanos que, si a alguien beneficia, es a los políticos que se perpetúan en el poder a expensas del dinero de los contribuyentes.
El gasto político de las administraciones españolas
El Gobierno de España ha batido por tercer año consecutivo el récord en dinero público destinado al sostenimiento del Ejecutivo nacional. Este incremento en el tamaño y coste de la administración se refleja en los presupuestos generales del Estado, diseñados bajo un modelo de gasto que destina gran parte del dinero de los españoles a fines ajenos a sus intereses.
En una primera aproximación a las cuentas del Estado de 2023 puede verse, en primer lugar, que una parte importante del gasto político de Pedro Sánchez se dirige hacia la promoción de políticas relacionadas con la Agenda 2030, cuestión sobre la que los españoles no han tenido todavía la oportunidad de pronunciarse. A lo largo del año, el Gobierno tiene previsto destinar hasta 6.600.000 euros a entidades locales en acciones para el impulso de la Agenda 2030, así como hasta 10.800.000 euros a instituciones sin ánimo de lucro para programas de apoyo a la implementación de iniciativas alineadas con la Agenda 2030. Además, se ha asignado un monto de 2.000.000 euros como contribución voluntaria al Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Otro aspecto relevante es la cantidad destinada a la cobertura informativa del gobierno, que asciende a 78.385.600 euros, y el Ejecutivo utiliza para financiar la comunicación gubernamental desde el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Un ejemplo más preclaro aún de gasto político a nivel ministerial es la existencia misma del Ministerio de Igualdad. Este Ministerio, que cuenta en 2023 con un presupuesto de 573 millones de euros, ha sido creado ad hoc para alcanzar los propósitos ideológicos de los políticos que gobiernan a través de partidas millonarias dirigidas a promover cuestiones como la «diversidad afectivo-sexual y de género» o la «libertad sexual». Los efectos de este gasto son de sobra conocidos por los ciudadanos, que no consideran que la liberación de delincuentes sexuales o la discriminación de una parte de la población alejada de las consignas ideológicas de la izquierda sean aspectos que estén contribuyendo al bien común.
En cuanto a los organismos autónomos dependientes de los ministerios, su número asciende a cincuenta y siete. Estos organismos tienen previsto recibir un total de 45.866.232.680 euros de las arcas públicas en 2023. Muchos de ellos resultan irrelevantes para la vida de los españoles, sin embargo, su cantidad continúa aumentando e incluso se llegan a replicar en el ámbito autonómico, redundando en un gasto inútil y duplicado para el contribuyente. Un ejemplo de este tipo de organismo superfluo es el de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, una oficina a la que se le atribuyen funciones que pueden ser asumidas por órganos ya existentes, cuya creación se aprobó recientemente en Consejo de Ministros y a la que, hasta la fecha, sólo se ha opuesto el Grupo Parlamentario VOX.
Además, este modelo se agrava cuando se reproduce en cada una de las regiones de España, que se suman también al incremento del gasto político de las administraciones territoriales. Por ejemplo, el ejecutivo de Ceuta tiene previsto destinar 198.000 euros en 2023 a sindicatos y patronales. En La Rioja, el presupuesto anual destinado a estas organizaciones sindicales es de 600.000 euros y en Aragón se ha aprobado gastar en ellas hasta 1.928.072 euros en el año 2023. Otras regiones, como la Comunidad Valenciana o Cataluña, aprovechan este gasto político para promover el separatismo. En el año 2022, el Gobierno de la Comunidad Valenciana asignó un total de 8.224.669,00 euros a entidades separatistas como Acció Cultural del País Valencia (450.000 euros), el Instituto de Estudios Catalanes (29.000 euros) o el Instituto Ramón Llull (787.848 euros). Estas son algunas muestras de los múltiples ejemplos de gasto superfluo o dañino auspiciado por el sistema autonómico español.
Dos modelos enfrentados
El 28 de mayo se enfrentan dos modelos de gasto en España. Por un lado, el modelo de gasto político que se olvida del bien de los españoles. Ese que admite subvenciones a organizaciones y asociaciones que abanderan consignas ideológicas de la izquierda, que promueve el uso de fondos públicos para propaganda gubernamental o la creación de órganos innecesarios e ineficientes. En definitiva, el modelo que reflejan los presupuestos nacionales y regionales de gobiernos de todos los colores y que reciben el apoyo unánime de partidos que buscan acabar con la identidad de España, su unidad y soberanía.
Por otro lado, está el modelo que opta por frenar esta tendencia mediante una reducción drástica del gasto político y una racionalización del uso de los fondos públicos, tratando de que estos vayan destinados a mejorar la vida de los españoles. A día de hoy, el único partido que ha dado pasos en este sentido ha sido el partido de Santiago Abascal. En regiones como Castilla y León, VOX acordó, en su primera decisión como parte del gobierno de la región, el recorte del gasto político de las Cortes castellano leonesas, reduciendo en un 25% la asignación económica mensual fija de los grupos parlamentarios. Igualmente, durante esta legislatura, ese mismo gobierno regional ha disminuido en un 50% el importe destinado en los presupuestos a subvenciones a sindicatos y patronal, pasando de 3.959.860 euros a 1.979.930 euros.
En definitiva, el gasto político en España constituye un problema que ha alejado la inversión pública de su propósito original de mejorar el bienestar de los ciudadanos. La necesidad urgente de frenar esta deriva y aplicar un modelo que resulte beneficioso para los españoles contrasta con la falta de acción por parte de los gobiernos para acabar con el gasto inútil. El 28 de mayo será un momento decisivo en el que los ciudadanos podrán decidir no sólo lo que harán con su voto sino también qué modelo de gasto determinará finalmente lo que la administración pública hará con su dinero.
