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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La pregunta y el requerimiento de Rajoy a Puigdemont

El presidente del Gobierno pregunta a Puigdemont en su requerimiento si ha declarado la independencia de Cataluña. El 155 podría ser activado el próximo lunes dependiendo de su respuesta.


El Gobierno da cinco días (hasta el lunes) al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña y fija un segundo plazo, hasta el jueves, para que rectifique y evite su aplicación.
El segundo plazo, que vence el jueves, marcaría el inicio de la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de que el Gobierno formule un requerimiento al presidente de la Comunidad antes de plantear en el Senado las medidas que piensa aplicar.
Lo que desea ahora el Gobierno es que aclare si, con esas palabras, estaba haciendo una declaración unilateral de independencia.
Si Puigdemont confirma que declaró la independencia, o en el caso de que no conteste antes del lunes, el Gobierno aprovecha el mismo requerimiento para darle un segundo plazo, hasta el jueves, instándole a rectificar y volver a la legalidad, ya que de no ser así se aplicaría el 155. En ese segundo plazo se activaría el mentado artículo ya que, según estipula la Constitución, el requerimiento se produce para que el interpelado desista de sus actuaciones.
En este sentido, el primer plazo es simplemente para conocer si Puigdemont ha dado realmente el Golpe de Estado.

Una comparecencia vacía

Expectación máxima en Moncloa. Mariano Rajoy ha comparecido para informar de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros, donde el Gobierno ha decidido enviar un requerimiento al Govern de la Generalitat para que especifique si en el pleno del Parlament de este martes Carles Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña.
Rajoy ha mencionado casi por primera vez el artículo del 155, aunque no mencionó en ese momento el plazo fijado ni cómo actuaría el Ejecutivo.
En una breve comparecencia pública, el presidente del Gobierno, que anoche cedió el testigo a Soraya Sáenz de Santamaría, ha mantenido su tono tradicional en torno a Cataluña y ha subrayado que su objetivo es «ofrecer a los ciudadanos claridad y seguridad tras la confusión generada en el pleno del Parlament».
Aunque Rajoy ha tachado de «confusión» el golpe de Estado, la realidad es bien diferente. Este miércoles, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales aseguró en un comunicado que tras la “declaración unilateral de independencia efectuada” por Carles Puigdemont “se ha consumado tristemente el golpe al Estado de derecho y al régimen de libertades”.
Las tres asociaciones de fiscales adviertieron de la fractura del “orden constitucional básico para una pacífica de convivencia”. Y por ello, reafirmaron “hoy más que nunca”, su “compromiso de forma serena pero firme, con las funciones que el ordenamiento constitucional nos atribuye, en defensa del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como al principio de legalidad”.
Las parcas palabras de Rajoy no han aclarado, sin embargo, muchas de las dudas que se ciernen sobre los ciudadanos tras el golpe de Estado consumado por las fuerzas nacionalistas este martes. Teóricamente, el requerimiento tendrá un plazo de respuesta aunque desde el Gobierno no han fijado definitivamente la duración del mismo.
Podría ser el propio Rajoy quien, en su comparecencia de esta tarde ante el pleno del Congreso para informar de la situación en Cataluña, desvelase ese plazo de respuesta que da al presidente de la Generalitat.

‘Deben volver a la legalidad’

Por otra parte, Sáenz de Santamaría ha asegurado que está en la mano de Puigdemont, «volver al entendimiento», si bien le ha advertido de que «no cabe el diálogo desde la imposición, ni desde el cambio de las reglas de juego».
Sáenz de Santamaría ha trasladado este mensaje a Pugidemont en la sesión de control en el Congreso en respuesta a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien ha expresado su apoyo al Ejecutivo en la defensa de la legalidad ante el desafío independentista.
La vicepresidenta ha subrayado que es en el Congreso y en el marco constitucional «donde todo se puede debatir», pero siempre desde el respeto al ordenamiento jurídico y sin generar «incertidumbre, inestabilidad y miedo».
«No cabe el diálogo desde la imposición, ni desde el cambio de las reglas de juego que no le gustan. En su mano está volver a esta casa, a la senda del entendimiento de los españoles», le ha emplazado Sáenz de Santamaría.
A su juicio, si se logró el consenso en 1978 para aprobar la Carta Magna, «no tiene sentido que algunos, unilateralmente, quieran salir».

El TSJC niegan su negalidad

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha insistido hoy en que solo la Constitución puede ser fuente de derecho, por lo que ni la Ley de Transitoriedad ni «ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de independencia» pueden tener efectos jurídicos.
La sala de gobierno del TSJC ha emitido un comunicado en el que reitera su «compromiso de fidelidad y defensa del sistema constitucional» y resta cualquier validez a la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional y que el Parlament aprobó para desplegar la independencia.
 
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