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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Susana Díaz impone la Memoria Histórica en los colegios andaluces

La Junta impone la Memoria Histórica y una única versión -manipulada- sobre la Historia de España y en concreto sobre la Guerra Civil y el franquismo en la escuela.


La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha señalado que Andalucía incluirá la Memoria Histórica en la educación primaria, secundaria, el bachillerato y en la de adultos, continuando en el adoctrinamiento en los colegios y la imposición de una única versión -manipulada- sobre la Historia de España y en concreto sobre la Guerra Civil y el franquismo.
«Andalucía va a dar ejemplo en la reparación pendiente con las víctimas del franquismo», ha afirmado Díaz en el acto institucional de conmemoración del nacimiento de Blas Infante.
Esta iniciativa, que ya fue prometida por el PSOE, la llevará a cabo el Ejecutivo andaluz mediante el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada el pasado mes de marzo en el Parlamento andaluz sin un voto en contra y que según sus críticos no busca más que la «revancha» y el regreso a las «dos Españas».


Díaz ha subrayado que Andalucía «va a dar un paso al frente para fortalecer los valores democráticos» y ha negado el espíritu revanchista. «Quien quiere ver un intento de adoctrinamiento o de reabrir heridas del pasado, se equivoca; nada más lejos de la intención del Gobierno», ha dicho. A su juicio, esa iniciativa «no solo es necesaria sino un buen ejercicio para evitar esa tentación tan propia de la condición humana de tropezar dos veces en la misma piedra».
Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo andaluz de «avanzar cada vez más para que las víctimas y familiares -del franquismo- encuentren la paz y el honor que les negaron», a lo que ha apostillado: «Ya es hora». Aunque no se ha manifestado sobre las víctimas de la represión del Frente Popular.

(El actual portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz,

Mario Jiménez, en un acto con asociaciones republicanas en 2013)

PSOE, Podemos e IU señalaron que la ley dejaba a la región como «vanguardia» en la recuperación memorialista y aseguraron «que no se partía de cero dada la experiencia de casi 20 años de políticas de memoria por parte de la Junta de Andalucía». Estos partidos coincidieron en el apoyo unánime a la exhumación de las fosas comunes y en agradecer a las asociaciones izquierdistas -todas subvencionadas- su trabajo durante años.

‘Una ley que institucionaliza la mentira’

Luis Felipe Utrera Molina, el hijo del exministro José Utrera Molina, fallecido el pasado mes de abril, y la Fundación Francisco Franco ya aseguraron que la Ley «institucionalizaba la mentira». «Es un hito trascendental en el proceso imparable de institucionalización de la mentira y el sectarismo en nuestra sociedad, promovido y consentido por acción u omisión por todo el arco parlamentario», escribió el hijo del ex vicepresidente del Gobierno en un artículo en ABC.
Aseveró que su preámbulo «constituye una colosal muestra de manipulación histórica que impregna su articulado». En él se aseguraba que «el 18 de julio de 1936 se produjo un golpe militar contra el Gobierno de la República y como consecuencia, y en defensa de la legalidad constitucional de la Segunda República Española, se desencadenó la Guerra Civil…».
«Que los grupos parlamentarios socialista y comunista aprueben este preámbulo se entiende porque, en definitiva, el odio de clase y el sectarismo están en el ADN de la extrema izquierda, que ha fagocitado a la socialdemocracia civilizada», continuó Luis Felipe.
En este sentido, censuró que «el centro y la derecha, supuestos representantes de la moderación y la concordia, permitieran la aprobación de una ley cainita que establece la condena de la mitad de España que se alzó contra un proceso revolucionario que, primero mediante el fraude electoral y luego con extremada violencia pisoteó el Estado de derecho» y tildó la abstención de PP y Ciudadanos de «colosal irresponsabilidad histórica».
El fraude electoral ha quedado acreditado con la reciente publicación de actas manipuladas, con raspaduras y cambios siempre a favor del Frente Popular. La Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007 durante el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y mantenida en su totalidad por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha perdido así, según los críticos, la escasa «legitimación» que tenía, pues definía a la República como el culmen de los valores democráticos y justificaba la necesidad de la ley para reivindicar la democracia
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La confirmación del fraude del 36 deslegitima la memoria histórica

Utrera Molina y Carrillo

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