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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Vox y el abogado Miguel Durán obligan al Gobierno a actuar en Cataluña

Las detenciones de 14 responsables del proceso separatista en la mañana de este miércoles en Barcelona no obedecen a una decisión del Gobierno ni de la Fiscalía General del Estado. El origen está en unos procedimientos judiciales interpuestos por el partido político VOX y el abogado Miguel Durán.

Mientras que el Ejecutivo justificaba su inacción amparándose en que esperaban una decisión del Tribunal Constitucional, particulares y el partidos político que preside Santiago Abascal acudieron a la vía legal. Por eso, la decisión de detener a los 14 implicados en el proceso de ruptura de España ha partido del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Esta iniciativa judicial fue iniciada por lo que desde dentro del PP se denomina despectivamente «los alt-right», como hacía el propio Borja Semper cuando criticaba el comienzo del procedimiento.

Son varios los medios de comunicación que ya se han hecho eco de esta circunstancia que explica que las detenciones hayan sido ordenadas por un juzgado de Instrucción y no por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, encargado del proceso contra el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Un magistrado de larga trayectoria

El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, de 70 años, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, actúa de oficio en esta investigación.

Había acordado previamente las intervenciones y había hecho llegar sus decisiones a la Fiscalía, que no se opuso, según ha explicado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en un comunicado, informa Confilegal.

Ramírez Sunyer fue el que instruyó la causa contra el exmagistrado y exsenador de Esquerra Republicana de Catalunya, Santiago Vidal, por las declaraciones que realizó sobre la posesión ilegal de datos fiscales de los catalanes.

La investigación arranca por dos denuncias, una la citada y la otra presentada por el partido Vox.

El magistrado fue también el que envió a la Guardia Civil al Teatro Nacional de Cataluña para conocer quién había pagado las instalaciones para realizar un gran acto de presentación de la Ley del Referéndum.

Ramírez Sunyer, por lo tanto, es una “persona non grata” para el universo secesionista catalán.

Las intervenciones de la Guardia Civil se han realizado en el marco de la investigación que dirige desde el pasado mes de febrero a raíz de dos denuncias. En total se han llevado a cabo 41 registros, 6 de ellos de despachos en distintas sedes oficiales del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Los registros se han limitado a las dependencias de las personas que tienen la condición de investigadas dentro de la causa.

El juez Ramírez Sunyer también ordenó hoy el registro de 3 empresas de Barcelona relacionadas con la actividad delictiva que investiga-

En una nave de Bigues i Riells (Barcelona), la Guardia Civil ha decomisado entre nueve y diez millones de papeletas para votar el 1 de octubre, además de otro material para la votación.

La causa, declarada secreta, investiga los delitos de desobediencia, prevariaciòn y malversación.

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