En la última década gran parte del trabajo de las instituciones europeas ha estado enfocado en el ecologismo, en una agenda basada en los objetivos del Acuerdo de Paris que ha dado lugar a estrategias comunitarias como el Pacto Verde o el conocido paquete de medidas «Objetivo 55» que busca reducir las emisiones un 55% hasta 2030.
En línea, el 14 de marzo se dio luz verde a la directiva de eficiencia energética que limitará la venta de viviendas que no sean eficientes y que deberá ser traspuesta por los Estados miembros en un futuro muy próximo. La norma plantea dudas sobre su viabilidad. La antigüedad del parque inmobiliario de países como Italia y la escasa eficiencia energética de otros como España, donde alrededor del 80% de las viviendas cuentan con una etiqueta deficiente, evidencian que la meta para 2030 –y la «neutralidad climática» para 2050 es poco factible por tiempo y por recursos.
La Comisión Europea se ha propuesto el objetivo de acabar con el uso de calefacción por combustión fósil en 2035, que actualmente representa un 60% de las fuentes energéticas utilizadas en espacios residenciales. Una meta poco realista no tanto por las alternativas energéticas propuestas —paneles fotovoltaicos y otras energías renovables in situ—, si no por marco temporal establecido y su viabilidad económica. Y es que, si bien se plantea como un ahorro en la factura energética, la inversión requerida para ello supone un coste que no todos los bolsillos pueden acarrear. Un problema similar se plantea en el caso de la prohibición del Parlamento Europeo sobre la venta de automóviles con motores de combustión, una política que choca frontalmente con la realidad, es decir, con la incapacidad de un ciudadano medio de permitirse un vehículo eléctrico. Medidas que, independientemente de su intención, comparten un mismo efecto secundario: imponen nuevas trabas a los más desfavorecidos.
Es precisamente la dureza de sus imposiciones sumado al carácter utópico de sus objetivos lo que explica que algunas de estas leyes europeas hayan sido paralizadas por los Estados. Tal es el caso de la reciente prohibición del Parlamento Europeo sobre la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035, una medida a la que varios países, entre ellos Alemania e Italia, han puesto freno alegando no tener en cuenta las particularidades industriales nacionales y que las sanciones son excesivas e injustificadas.
La falta de conciencia de los burócratas europeos por las particularidades nacionales afecta también a la nueva directiva sobre eficiencia energética. La antigüedad y el carácter histórico de gran parte de los edificios en países como Italia dificulta su aplicación, sembrando temor sobre sus consecuencias. Ello ha hecho aflorar críticas entre europarlamentarios italianos como Carlo Fidanza, de Fratelli d’Italia, que ha acusado a la Unión de no tener «suficientemente en cuenta las diferencias y especificidades de los distintos Estados miembros». Aunque la legislación permitiría a edificios protegidos o de culto acogerse a una exención, el temor se concentra principalmente sobre aquellos edificios que no cuentan con tal estatus y sobre las consecuencias para el mercado inmobiliario, la devaluación de bienes inmuebles o el aumento de los precios de las obras.
La transición verde iniciada por Bruselas ha puesto en cuestión el cumplimiento de no sólo del principio de subsidiariedad, sino del principio de proporcionalidad en su actuación. En virtud a este último, la legislación europea ha de hacer que cualquier carga que recaiga sobre los gobiernos nacionales o los ciudadanos sea «lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar». Una máxima incumplida por el Green Deal europeo que, a fin de lograr la reducción de 1,5ºC de la temperatura terrestre, ha sugerido cambios sustanciales en los hábitos de los ciudadanos imponiendo grandes esfuerzos como nuevas dietas alimentarias, limitaciones a la movilidad, nuevos impuestos, etc.
La carga se justifica en la promesa de frenar el calentamiento global, una misión de la que la Comisión y el Parlamento quieren agenciarse y que no depende de una acción europea unilateral, sino de un esfuerzo colectivo global. El objetivo de la reducción de las emisiones se convierte en una falacia cuando se utiliza como pretexto para afirmar que tendrá implicaciones sobre el clima mundial –las emisiones de los Estados europeos representan una ínfima parte del cómputo global y no tienen a penas repercusión sobre el clima–.
Ante la regulación y la burocracia europea se presentan alternativas basadas en el principio de subsidiariedad y un enfoque local de la protección del medio ambiente. Un ejemplo es la propuesta de Roger Scruton. Son alternativas que aspiran a lograr la eficacia a través de incentivos y que tienen en cuenta la dimensión del efecto de las acciones europeas sobre el clima mundial. Planteamientos que basan la protección del medio ambiente en la protección del entorno rural más cercano a los ciudadanos, de casos concretos y factibles. Establecer metas que no requieran un esfuerzo, sin una finalidad realista. Medidas y acciones, como la comercialización de bombillas de bajo consumo, que logran objetivos de ahorro y reportan un beneficio al consumidor, un rendimiento palpable como la rebaja de la factura de la luz o del gas. En definitiva, dotar de motivaciones racionales a la sociedad y no relatos ideológicos irrealistas que apelan a la sensibilidad y que poco encajan en una sociedad en la que las interacciones son cada vez más mercantilizadas y basadas en un cálculo de coste-beneficio.
La solución radica en evitar efectos contraproducentes como los que se ven en Alemania, donde el cierre de centrales nucleares ha provocado un déficit energético que ha sido salvado con la apertura de centrales térmicas. Cada vez son más las voces políticas que abogan por tomar pasos coherentes, basados en la eficiencia, por políticas capaces de cumplir su propósito de forma práctica sin caer en el idealismo verde y catastrofista que apela a la sensibilidad y que ha quedado bien representado en figuras como la de Greta Thunberg. No se trata de poner trabas al cuidado de nuestro medio ambiente, sino de protegerlo acercando la toma de decisiones a los ciudadanos y aplicando así el principio de subsidiariedad recogido en artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
