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RAMIRO DE MAEZTU

El aborto en Estados Unidos: es el derecho, estúpido

Estados Unidos. Shutterstock

El pasado 3 de mayo se dio a conocer el borrador de la sentencia que el Tribunal Supremo de Estados Unidos prepara acerca de la espinosa cuestión del aborto. El caso promete marcar la agenda política en el país norteamericano —y quién sabe si también en otros— durante los próximos meses y años. De entrada, no cabe duda de que será un tema candente con vistas a las elecciones legislativas de noviembre.

El juez Alito deja claro en su borrador que hablamos de una cuestión jurídica y no ideológica

Naturalmente, cualquier cambio sobre un asunto tan controvertido iba a ser acogido por ambos bandos con emociones dispares. De una parte, el movimiento provida lo ha celebrado como la vía más rápida para reducir la cifra de los cientos de miles de abortos que se practican cada año en el país. Por contra, el electorado demócrata lo ve como una amenaza a lo que consideran un derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, sin tener en cuenta la vida del no nacido.

Sin embargo, al margen de posiciones partidistas y de la cobertura de la mayoría de medios de comunicación, que han tratado la filtración en términos de derecho al aborto, el borrador de la sentencia del Supremo apunta a un aspecto más técnico. El escrito firmado por el juez conservador Samuel Alito es un ataque a la línea de flotación de la famosa sentencia de Roe vs. Wade, que en 1973 blindó el “derecho fundamental” al aborto en todo el país hasta el segundo trimestre de gestación.

El juez Alito deja claro en su borrador que hablamos de una cuestión jurídica y no ideológica: “Por nuestra parte, no cuestionamos los motivos de ninguno de los que han apoyado ni de los que se han opuesto a las leyes que restringen el aborto”, dice el juez. Donde sí entra el texto es en cuestionar el cauce legal a través del cual se impuso el acceso al aborto en todo el país hace casi cincuenta años. Así, el magistrado nominado a la Corte Suprema por George W. Bush afirma contundente que la sentencia de Roe vs. Wade fue “escandalosamente equivocada desde el principio” y que “su argumentación fue excepcionalmente débil”.

A renglón seguido, Alito sí deja entrever su opinión, pero no sobre los profundos dilemas éticos que rodean al aborto, sino sobre la polarización que aquella histórica sentencia ha provocado en la sociedad estadounidense: “La decisión [de Roe vs. Wade] ha tenido consecuencias dañinas y, lejos de traer un consenso nacional sobre el tema del aborto, ha inflamado el debate y profundizado la división”.

Conviene insistir en que la aproximación del Supremo al aborto es puramente jurídica porque la izquierda estadounidense la ha calificado de “ataque” a los derechos de las mujeres y ha cuestionado su legitimidad con el argumento de que los nueve jueces del tribunal no han sido elegidos democráticamente. Sin embargo, los magistrados que en 1973 tomaron la resolución opuesta —cinco de ellos nombrados por presidentes republicanos, dicho sea de paso— fueron designados con el mismo método que los actuales y entonces no se cuestionó su idoneidad. Además, el fallo que el Supremo previsiblemente publicará en junio se antoja el más democrático posible, ya que serán los propios ciudadanos, con su voto, quienes en última instancia elegirán a los representantes que regularán el aborto, ya sea para restringirlo o para extenderlo.

La Constitución, el caballo de batalla

Los jueces que junto con Alito votarán a favor de derogar Roe vs. Wade, Thomas, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett, no abordan la cuestión del aborto bajo los parámetros a los que estamos acostumbrados. No tratan de dilucidar cuándo se inicia la vida humana o en qué supuestos es justificable que una mujer interrumpa su embarazo. La discusión que plantean tiene que ver, en cambio, con la Constitución de Estados Unidos. Roe vs. Wade dictaminó que el aborto era un “derecho fundamental” que debía ser protegido en todo el país por considerar que estaba amparado en la Décima Cuarta Enmienda de la carta magna estadounidense. Este artículo señala que ninguna ley estatal puede limitar los derechos y privilegios de un ciudadano, con mención especial a la vida, la libertad y la propiedad.

En ningún caso puede pensarse que los legisladores que aprobaron la Décima Cuarta Enmienda de la Constitución en 1868 estuvieran pensando en el aborto cuando prohibieron a los estados legislar contra la libertad

Sin embargo, en la sentencia de 1973, el Supremo justificó su decisión al amparo del derecho a la privacidad, que, aunque en la jurisprudencia viene derivado del principio de libertad, no aparece mencionado en la Constitución. Esto nos lleva a uno de los debates fundamentales del derecho estadounidense, el de la literalidad o laxitud con que debe leerse la ley fundamental. Así, los jueces conservadores tienden a enmarcarse en la doctrina conocida como originalismo, que señala que la interpretación de la Constitución debe hacerse teniendo presente lo que tenían en mente aquellos que la redactaron. En el otro extremo del debate, se sitúan los defensores de la Constitución viviente, que consideran que la carta magna es un texto dinámico que debe evolucionar con la sociedad.

Aquí está la verdadera madre del cordero de la controversia jurídica sobre el aborto. En ningún caso puede pensarse que los legisladores que aprobaron la Décima Cuarta Enmienda de la Constitución en 1868 estuvieran pensando en el aborto cuando prohibieron a los estados legislar contra la libertad. En cambio, tal y como hemos visto, los firmantes de la sentencia de Roe vs. Wade se acogieron precisamente a ese artículo para declarar el aborto un derecho fundamental implícito en la Constitución y que, por tanto, debía ser protegido federalmente.

Tal y como glosa Alito en su escrito, la sentencia de 1973 fue “de lo constitucionalmente irrelevante a lo directamente incorrecto”. “La evidente conclusión es que el derecho al aborto no está enraizado con profundidad en la historia y las tradiciones de la nación”, por lo que “es hora de acatar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, concluye.

De confirmarse el contenido de la sentencia, por tanto, el aborto pasará en Estados Unidos de estar protegido federalmente con base a una interpretación muy dudosa de la Constitución a devolver su regulación a los estados y, en último término, a los ciudadanos.

La filtración, peligroso precedente

Pero, además, la enorme trascendencia que la derogación de Roe vs. Wade traería sobre la regulación del aborto en EE. UU. apenas le gana en importancia y excepcionalidad a la forma en que el documento se ha dado a conocer. El borrador de la sentencia firmado por Alito salió a la luz en una filtración sin precedentes en la Corte Suprema estadounidense. Numerosas voces, incluidas las de los propios jueces, ya han apuntado al peligro que esta “traición” puede suponer para la “integridad” del tribunal y para la separación de poderes.

La buena noticia es que muchas vidas se salvarán por el camino

Existen pocas dudas sobre que la filtración se ha ejecutado como medida de presión contra los jueces conservadores para que de aquí a junio cambien el esperado sentido de su voto. De hecho, activistas del movimiento feminista ya han protagonizado escraches a las puertas de los hogares de los magistrados que abogan por derogar Roe vs. Wade. Un puro ejercicio de matonismo ideológico.

Lo cierto es que no parece que la división social causada por el fallo de 1973 vaya a desescalar con su revocación. La buena noticia es que muchas vidas se salvarán por el camino.

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