El 27 de febrero de 1976, justo después de la salida del último soldado español del que fuera Sahara Español, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, un estado declarado sobre el territorio del Sahara Occidental. El objetivo del Frente Polisario era materializar sus reclamos de descolonización e independencia y frenar el expansionismo de Marruecos y Mauritania, los dos vecinos que ya habían iniciado su invasión al territorio tras firmar un acuerdo con la fuerza colonial española, un acuerdo que no contemplaba la voluntad del pueblo saharaui.
Madagascar fue el primer país en reconocer a la República Saharaui, tan sólo un día después de su proclamación. Burundi, Angola, Argelia, Benín, Nicaragua, Uganda y más de 70 países, se sumaron a este reconocimiento masivo a la recién declarada república. Ese mismo año, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU anula los acuerdos firmados en Madrid y reiteraba la responsabilidad que tiene España como potencia colonial sobre este territorio. Un año antes, en 1975, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya emitía un dictamen consultivo donde aclaraba «no hay vínculos de soberanía entre Marruecos y el Sahara por una parte, ni entre Mauritania y el Sahara por otra» tumbando así todos con los argumentos con los cuales el Rey de Marruecos intentaba justificar su expansionismo hacia el sur, arrastrando con él a Mauritania.
Casi 50 años han pasado desde entonces y en el Sahara todavía hay un problema. Marruecos ocupa la mayor parte del territorio y afianza su ocupación con una gran presencia militar. Por otro lado, el pueblo saharaui mantiene una resistencia impecable, superando todas las tormentas y turbulencias regionales que azotan el norte de áfrica y el Sahel, con un único objetivo, garantizar el cumplimiento de su derecho a la libre determinación e independencia. Además, constituyó, en el exilio, las bases de la República Saharaui, que hoy es estado de pleno derecho dentro de la organización continental, la Unión Africana.
Sin embargo, en lugar de apoyar las demandas legítimas del pueblo saharaui, y afianzar la presencia de la República Saharaui, el Gobierno español abandonó a este pueblo traicionando así sus obligaciones históricas y legales. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, España aumentó, como nunca antes, su apoyo político, económico y militar a un Marruecos decidido a imponer su ocupación y visión expansionista. Esta traición del Gobierno español es aún más alarmante si se considera la ideología expansionista del régimen marroquí, que no sólo se limita al Sahara Occidental, sino que va mucho más allá para reclamar el suroeste de Argelia, Mauritania y las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.
Tanto Argelia como Mauritania apostaron por el reconocimiento a la República Saharaui como principal antídoto contra el cáncer expansionista marroquí, sin embargo, el Gobierno de Sánchez nos deja un triste recordatorio de la falta de ética, responsabilidad y valentía política al rendirse ante los chantajes del régimen marroquí y reconocer su soberanía sobre el territorio saharaui que ilegalmente mantiene bajo su ocupación.
La RAE define la palabra traición como “falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener” y no es que el Gobierno de España haya faltado a una fidelidad o lealtad con el pueblo saharaui, más que nada, porque nunca existió ningún compromiso tangible más allá de las vehementes promesas electorales de una izquierda que siempre encuentra en la “defensa de un Sahara libre”, el ingrediente perfecto para un discurso poético de mitin electoral, pero sí podemos afirmar que se ha cometido una flagrante falta de fidelidad y lealtad con la legalidad internacional a la que España, como estado democrático, está sujeta. También se ha violado la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que España se adhirió en diciembre de 1976, declaración que garantiza, entre otras cosas, la libre determinación de los pueblos y los derechos de las minorías.
En un documento oficial (A/9714) elevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de agosto de 1974, España declaraba que, como potencia administradora del Sahara Español (Res. 2072), se compromete a «celebrar un referéndum, bajo los auspicios y garantía de las Naciones Unidas, para que la población autóctona saharaui ejerza su derecho a la libre determinación». Este hecho convirtió a España, a efectos legales, como principal responsable de la descolonización de la que, hasta hoy día, es considerada por la ONU como última colonia en África. Por lo cual, cualquier decisión que tome el Gobierno español está condicionada a seguir los procesos legales establecidos por la ONU y bajo ningún concepto, pueden salir de la línea que establece la jurisdicción internacional a este respecto.
Es aquí donde podemos calcular la magnitud y la extrema gravedad de la decisión tomada por Pedro Sánchez al soportar de forma pública la anexión ilegal de Marruecos al territorio saharaui, pues su apoyo al llamado «plan de autonomía marroquí» no es más que una forma diplomática de blanquear la ocupación y legitimar la soberanía marroquí sobre estos territorios. Esta posición, envalentonó a un régimen marroquí que se encontraba aislado y acorralado por las Naciones Unidas y la Unión Africana quienes reiteraban una y otra vez la necesidad de descolonizar el territorio saharaui, pues ahora, y teniendo el reconocimiento de la fuerza colonial, puede argumentar su oposición a todos los procesos legales que se intentan imponer por parte de estas organizaciones. Incluso va más allá, para aumentar su represión contra la población saharaui que se encuentra bajo sus garras en las zonas que ocupa, y también se siente con la tranquilidad de intensificar sus bombardeos a la población civil que se encuentra mas alla del muro, en la parte del territorio que está bajo control del Frente Polisario. Por lo cual, la decisión de Sánchez fue la luz verde que Marruecos necesitaba para proseguir con su proyecto de anexión y aniquilación contra el pueblo del Sahara Occidental.
Por otro lado, los saharauis que habían depositado su confianza en que el Estado español descolonizaría su territorio y les entregaría la soberanía para declarar y autogestionar su estado fueron traicionados y su territorio entregado a Marruecos, los mismos saharauis quienes confiaron en las palabras de un joven Felipe González que se presentó en sus campamentos en 1976 prometiéndoles estar a su lado «hasta la victoria final» para poco después traicionarles al anunciar su alianza con Rey de Marruecos; hablamos de los mismos saharauis que se ilusionaron con un Pablo Iglesias que prometía revolucionar el panorama político español anunciando, en 2016, que su llegada al poder supondría «el reconocimiento a la República Saharaui como estado y el fin de la colonización» siendo un escueto mensaje lanzado en Twitter lo único que recibió el pueblo saharaui por parte del que fuera vicepresidente de España; de nuevo, la traición. Por lo que la decisión de Pedro Sánchez sólo se suma a una larga lista traiciones, suponiendo en esta ocasión una pesada piedra en el arduo camino de lucha y resistencia de un pueblo que sufre el refugio, la guerra, la ocupación, la represión, el olvido, y ahora, la mayor traición en forma de puñalada final.
El escritor francoargelino, Albert Camus, decía que «la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas». Aunque escritas hace décadas, las palabras de Camus cobran más relevancia que nunca, ya que las acciones del Gobierno «más progresista de la historia de España» son el principal sostén de la tiranía más totalitaria en Marruecos.
